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MADRID (OTR/PRESS)Después de la exhumación de Franco, el próximo "mantra" va a ser la escuela pública o, dicho de otra manera, la batalla contra la escuela concertada, a la que seguirá la que, sin duda va a emprender el Gobierno Sánchez-Iglesias -si se confirma, claro- contra los acuerdos con el Vaticano y los "privilegios" de la Iglesia, incluidas leyes como la de eutanasia, disfrazada de muerte digna. Son batallas relativamente fáciles, donde la ideología y la demagogia, el populismo en una palabra, se pueden imponer sin graves problemas a lo justo y al sentido común. El tema de la concertada es especialmente claro en este sentido. El PSOE, que ya lo intentó en la legislatura fallida, tiene ahora el refuerzo de Podemos, partidario, como Sánchez, de una escuela pública fuerte y, si es posible, única.
La ministra de Educación en funciones, Isabel Celáa, invitada a la clausura del Congreso de Escuelas Católicas, aprovechó la ocasión para decir que "de ninguna manera el derecho de los padres a elegir centro y modelo educativo emanan de la Constitución y no forman parte de la libertad de educación". Al margen de la mala educación que supone aprovechar una invitación para provocar a quienes te han invitado, más estando en funciones y sin saber si va a seguir siendo ministra de Educación, lo grave es que Celáa falta a la verdad, ignora conscientemente lo que ha dicho el Tribunal Constitucional y fija su objetivo en desmantelar poco a poco la enseñanza concertada, un instrumento absolutamente fundamental no para la libertad real de educación sino para la educación en España. Fue un Gobierno socialista el que creó los conciertos en 1985 y puede ser otro socialista-comunista el que intente asfixiar definitivamente a la concertada. La táctica ha sido especialmente clara en la Comunidad Valenciana, con el gobierno de Compromís, en Aragón, y antes en Andalucía con la anterior administración socialista. El Gobierno de Sánchez en la legislatura anterior retrasó cuatro meses los pagos a los centros concertados y las becas de comedor.
Y, sin embargo, los datos son irrebatibles. Uno de cada cuatro alumnos estudia en la concertada y la demanda social -que la ministra quiere eliminar de la ley- es cada año mayor, a pesar de las trabas. El coste del puesto escolar -y las inversiones- es mucho mayor en la escuela pública que en la concertada, al igual que los sueldos del personal docente. El único cálculo real sobre el coste del puesto escolar se ha hecho en Navarra y es manifiestamente más cara la enseñanza pública. La insuficiencia económica de los conciertos ha provocado que, desde 1985 se haya acumulado un déficit del 25 por ciento con respecto a la subida del IPC en ese período. Según los datos de 2017 del INE, las subvenciones públicas por alumno en los concertados fue de 2.726 euros (un 5 por ciento menos que en 2009) frente a 3.843 euros en la pública (un 1 por ciento más). Es falso también que crezca la enseñanza concertada. Desde 2016 hay 595 menos, con 269.000 alumnos menos y casi 20.000 docentes menos.
El Estado no puede acabar hoy con la concertada porque no podría asumir la escolarización de dos millones de alumnos, ni tiene los centros o los profesores para ello. Pero, con el apoyo de Iglesias, parece que quiere empezar a sentar las bases para acabar con la libertad de educación e imponer una escuela única. También Iglesias puede ayudar a Sánchez a ganar esta batalla contra la propia Constitución.
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