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MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
El número de menores tutelados por la Administración y atendidos por el sistema de protección a la infancia en 2018 fue de 40.828, de acuerdo a los últimos datos oficiales a fecha 31 de diciembre. De ellos, 21.283, es decir, algo más de un 52%, viven en centros residenciales, mientras que 19.545 (un 48%) están en familias de acogida.
La ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, ha hecho públicas estas cifras durante su intervención en el 'IV Congreso Interés Superior del Niño. Acogimiento familiar: hacia nuevos modelos' organizado por la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (Aseaf) y que se celebra desde este miércoles, 13 de noviembre, hasta el viernes 15.
Tal y como ha destacado, en 2018 "por primera vez" el número de menores en acogimiento residencial superó "con claridad" al del acogimiento familiar. Con estos datos, a su juicio, "hay que revisar y mejorar" la figura de la acogida familiar porque, entre otras cosas, "persigue mejor" el interés superior del menor.
"El año 2018 ha representado un punto de inflexión en la trayectoria de los acogimientos en España ya que el acogimiento familiar era la principal medida adoptada por los servicios de protección a la infancia de las comunidades autónomas y sin embargo ahora no es así", ha destacado.
Según la ministra, el acogimiento de menores tutelados en familias es "una medida de protección" y "una herramienta para vincular" a estos niños con un entorno familiar y con la sociedad de acogida. Por ello, ha defendido la necesidad de impulsar "la labor pedagógica" sobre este tipo de acogimiento por "los beneficios" que conlleva para esos menores que no pueden o deben vivir con su familia de origen pero "tiene derecho" a vivir en familia.
SANIDAD ESTUDIA TRANSFERIR MENORES ENTRE CC.AA
Para Carcedo, se debe "concienciar" a la población del "beneficio personal, familiar y social" que tiene la acogida en familias de los menores. En esta línea, ha asegurado que su departamento está trabajando en un mecanismo interterritorial de asignaciones para permitir la asignación de menores de una comunidad autónoma a otra si en el territorio de origen no existen ofrecimientos de familias de acogida, al tiempo que ha abogado por adaptar el actual programa de acogimiento a la realidad.
Por su parte, el director general de Servicios para la familia y la infancia, Ángel Parreño, ha tachado de "impresentable" que existan niños por debajo de los seis años de edad en acogimiento residencial. "No nos podremos mirar al espejo con tranquilidad si no resolvemos un problema de base como este", ha sentenciado. Según ha precisado, de los 6.335 menores de 0 a 6 años que en 2018 estaban tutelados por la Administración, 1.284 estaban en acogimiento residencial.
ACOGIMIENTO FAMILIAR PARA MENORES MIGRANTES SOLOS
En concreto, se ha referido a los menores extranjeros no acompañados (MENA), reivindicando que el acogimiento familiar "es capaz de resolver con mayor intensidad" su situación. Estos menores, según ha apuntado, en su mayoría sobrepasan los 15 años y por ello la "acción protectora" del Estado sobre ellos es "muy corta e insuficiente".
En su opinión, la acogida en familia "debe convertirse" en el futuro de estos menores para que su integración sea "en igualdad de condiciones y seguridad". En la actualidad, la presencia de menores migrantes solos en esta modalidad de acogida es "insignificante", tal y como ha remarcado Parreño, que ha incidido en que estos niños y niñas en los centros "no encuentran una solución" a su situación "social y personal".
Además de este "reto", Parreño ha enumerado otros, entre los que ha destacado el diseño de nuevos estándares de acogimiento consensuados entre territorios, o la inclusión de las familias de acogida en la futura ley de familias, cuyo borrador va estar sobre la mesa" y entre "los primeros encargos" del próximo Gobierno, según ha aseverado.
QUEJAS ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO
Desde la oficina del Defensor del Pueblo, Marta Kindelán ha afirmado que las quejas ciudadanas sobre el sistema de protección de menores "no son muy numerosas", si bien se mantienen estables. Dentro de este grupo, la mayoría son las relativas a menores en acogimiento residencial, las condiciones de funcionamiento de estos centros o de hacinamiento por la falta de plazas, entre otras cosas.
Asimismo, ha dicho que hay quejas presentadas ante la institución por parte de las propias familias de origen del menor tras la separación porque suelen estar "disconformes" con la suspensión de la patria potestad y de guarda y custodia.
En cualquier caso, Kindelán ha declarado que "no se detectan excesivas regularidades", si bien hay casos concretos en los que sí, tras los que el Defensor del Pueblo abre investigación o realiza recomendaciones a la Administración. Entre otros consejos de la institución, está el de reforzar la "primera etapa", previa al "desamparo y suspensión de la patria potestad".
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