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La expresidenta está investigada por cohecho, malversación, falsificación, fraude y prevaricación, entre otros
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre declarará este viernes en la Audiencia Nacional investigada por la presunta financiación irregular del PP madrileño que ella presidía a través de la trama Púnica de corrupción.
Aguirre está imputada desde principios de septiembre en esta pieza separada de la macrocausa que investiga una presunta 'caja B' del partido que se habría nutrido de fondos desviados de las arcas públicas para contratos por servicios inexistentes y utilizados para financiar las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existió "un plan a través del cual altos cargos de la Administración autonómica madrileña podrían haberse hecho con dinero público para satisfacer necesidades del partido, electorales o no, y enriquecer a alguno de los Consejeros y altos directivos de los entes públicos".
De acuerdo al auto de imputación del juez Manuel García Castellón, "el plan habría fraguado indiciariamente entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y sus consejeros de confianza Ignacio González, Francisco Granados y Alberto López Viejo en connivencia con Horacio Mercado", cuyas empresas debían actuar como "vehículo de trasvase de fondos" de los contratos de publicidad que le daban las consejerías. Éstas a su vez, obligaban a las grandes adjudicatarias a destinar el 1% del presupuesto a publicidad "como forma de desviar" el dinero.
En el caso de Aguirre, se le imputan delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral, pues hay "indicios racionales de criminalidad" que apuntan a que ella "podría haber asegurado el control de las partidas de publicidad, promoción, divulgación y anuncios de las adjudicaciones de cualquier Consejería al más alto nivel del Gobierno Regional" imponiendo que todo pasara por la vicepresidencia de Ignacio González y "con intervención en las decisiones sobre qué empresa debía ser la adjudicataria".
"Esperanza Aguirre era la presidenta del PP de Madrid y candidata en los comicios del 2007 y 2011 y estaba autorizada en las cuentas de funcionamiento del partido. Su cargo de presidenta del PP de Madrid, puesto de máxima responsabilidad en el partido, la hacía conocedora y partícipe de las decisiones que se tomaban en el seno del mismo y le permitía estar al corriente de la procedencia de los fondos que financiaban los gastos electorales y a que destinos se aplicaban", dice García Castellón.
"NO ES VEROSÍMIL" QUE NO SUPIERA NADA
Así, se le interrogará por la presunta utilización de la fundación Fundescam para el desvío de fondos públicos, algo "presumiblemente conocido por Aguirre durante el largo periodo en el que fue presidenta y patrona de la citada fundación y cotitular de las cuentas bancarias", así como por los gastos que se efectuaron en las mencionadas convocatorias electorales ya que por su dimensión, "resultaba de todo punto imposible de aquilatar a los costes legalmente autorizables, algo que era fácilmente perceptible".
"Es, en efecto, difícil de imaginar que no conociese la contabilidad en B que llevaba quien fuese su mano derecha y Gerente del PPCM, Beltrán Gutierrez, lo que, sensu contrario, la hacía presumiblemente también conocedora de las omisiones de la contabilidad electoral presentada ante la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas", señala el auto de imputación. Considera asimismo que "no es verosímil" que "ocurriese sin su conocimiento y consentimiento" el despliegue de "artificios que utilizó" el partido para pagar esos gastos a los proveedores a partir de 2007.
Con Aguirre se cierra el intenso calendario de citaciones del 'caso Púnica' que comenzó a principios de septiembre. La mayoría de las comparecencias, que han incluido a exconsejeros y otros ex altos cargos de la Comunidad de Madrid, además de empresarios, han estado relacionadas con esta pieza separada de supuesta financiación irregular.
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