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MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
Unas 2,6 millones de personas en España no pueden pagar por conectarse a Internet según el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobe condiciones de vida, correspondiente al ejercicio 2018, que describe la dimensión de la exclusión digital en el país por problemas de acceso a la tecnología, como ha señalado la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT). Por lo que el sindicato ha pedido instaurar tarifas sociales para colectivos vulnerables.
En este sentido, el estudio revela que 5,53% de las personas mayores de 16 años declara que no puede permitirse contratar una línea móvil o fija con Internet; mientras que el total de la ciudadanía desconectada de Internet supera el 18%. A su vez, indica que 924.000 ciudadanos, un 5% de la población española, no pueden sufragar un contrato de teléfono.
Sin embargo, el informe también destaca que el 99,02% de los hogares tienen un ordenador (cualquier tipo). La proporción desigual, entre tener el dispositivo y el uso de Internet, se atribuye a que muchos no pueden pagar por la línea con Internet o por falta de conocimientos, según ha indicado la FeSMC-UGT, que ha destacado que "ni Internet ni el acceso a una línea telefónica son artículos de lujo: se trata de servicios imprescindibles en la sociedad del siglo XXI".
De este modo, la FeSMC-UGT ha subrayado que "se deben complementar los planes de expansión de la banda ancha, los denominados PEBA, sufragados con fondos públicos, con medias complementarias para cerrar la amplia brecha digital que sufre la ciudadanía".
Es por ello que la UGT ha propuesto dos medidas: la instauración de tarifas sociales de acceso a Internet para colectivos en situación de vulnerabilidad digital, en línea con otros países europeos; así como la puesta en marcha de planes de formación presenciales dirigidos los colectivos fuera del mundo digital, con líneas específicas para colectivos que conciten varios de los precursores identificados (edad, género, renta, formación académica o hábitat rural).
Asimismo, la organización ha hecho énfasis en que estas medidas "deben ser financiadas mediante partidas presupuestarias 'ad hoc', que complementen los planes de expansión de nuevas infraestructuras de telecomunicaciones ya en marcha y deberían ser ejecutados en coordinación con todas las Administraciones Públicas".
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