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MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
El sindicato de Enfermería (Satse) está manteniendo reuniones con representantes de las enfermeras que trabajan en los distintos centros penitenciarios españoles, para trazar una estrategia de actuación conjunta con el fin de lograr el compromiso del próximo ministro del Interior para culminar el traspaso a las comunidades autónomas de la sanidad penitenciaria.
Estos encuentros se suman a las sucesivas peticiones realizadas desde Satse a los responsables del Ministerio del Interior, a través de cartas o contactos personales, para que den una "solución definitiva" a un "problema enquistado" desde hace años y que se ha agravado en los últimos tiempos. Y es que, tal y como ha recordado Satse, en la actualidad hay de media solo una enfermera para atender a 100 presos.
De hecho, en la última carta de Satse a la subdirectora general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria del Ministerio del Interior, Carmen Martínez, reiteró que el "grave déficit" de enfermeras, así como de otros profesionales sanitarios, pone en "serio riesgo" la atención que se presta a las 60.000 personas que se encuentran privadas de libertad en los más de 90 centros penitenciarios que hay en España.
Al respecto, Satse ha avisado de que los enfermeros se han convertido en profesionales sanitarios "para todo", viéndose obligados a realizar funciones que no les corresponden como, por ejemplo, la asistencia de graves urgencias. "De otro lado, la modificación del sistema de guardias ha generado una situación caótica que obliga a esto profesionales a estar en una permanente situación de disponibilidad y, en algunos casos, a tener que desplazarse hasta 100 kilómetros cuando son requeridos", ha añadido el sindicato.
Además, apostilla, "no pueden disfrutar", en muchas ocasiones, de los periodos de descanso adecuados después de sus jornadas de guardia. Al mismo tiempo, Satse ha recordado que nivel retributivo, los profesionales de Enfermería también sufren una "clara discriminación" con respecto a sus compañeros que trabajan en los servicios de salud, al cobrar cerca de 500 euros menos al mes, sin tenerse tampoco en cuenta las especiales condiciones de peligrosidad y penosidad que son "inherentes" a su desempeño laboral.
"Existe, además, una importante discriminación con otros colectivos profesionales del ámbito penitenciario, como son los funcionarios de vigilancia, y otra, aún más sustancial, con los funcionarios que trabajan en las oficinas del centro penitenciario y que no tienen ningún contacto con los presos, al percibir éstos un complemento específico muy superior al de los enfermeros y enfermeras", ha añadido Satse.
Por todo ello, Satse ha insistido en que va a reclamar al nuevo responsable del Ministerio del Interior, una vez sea nombrado, que priorice las negociaciones con los gobiernos autonómicos para propiciar el traspaso de los servicios sanitarios penitenciarios dependientes aún del Gobierno central, con la excepción de Cataluña y País Vasco, que ya cuentan con las competencias pertinentes.
"Un traspaso de competencias que debió producirse el 1 de diciembre de 2004, según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y que acabaría con la discriminación que sufre la población reclusa con respecto al resto de ciudadanía, al recibir una atención diferente y en peores condiciones", ha zanjado el sindicato.
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