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MADRID, 21 (OTR/PRESS) España sigue siendo diferente. Nuestra democracia lo aguanta casi todo. Hemos tenido ocasión de comprobarlo al ver cómo se desarrollaba la primera sesión de las nuevas Cortes nacidas de las urnas del 28 de abril. Nunca se había visto a diputados o senadores electos que pese a su condición de presos preventivos pudieran ocupar un escaño en el Congreso o en el Senado pese a estar siendo juzgados en el Tribunal Supremo acusados de delitos conexos a un presunto intento de golpe de Estado. Cuesta imaginar que una situación análoga hubiera sido posible en Francia o en el Reino Unido, países de democracias añejas.
Pero nuestra democracia es joven y se sabe observada, mirada de reojo por algunas instancias europeas. De ahí el celo -otra interpretación del caso permitiría hablar de exceso de celo- con el que desde el Tribunal Supremo se miden y dan los pasos que deben conducir a un final del juicio con unas sentencias que aún en el caso de que pudieran ser recurridas no serían tumbadas en instancias judiciales supranacionales. Esa cautela explica la presencia en el Hemiciclo de los político catalanes presos. Y de ahí nace el desconcierto de no pocos ciudadanos al ver lo que está sucediendo en el retablo de la política española. Cuesta entender el porqué de lo que está pasando aún sabiendo que al no haber concluido el juicio ni tener sentencia les asiste a todos ellos la presunción de inocencia.
Pero más allá del carácter específico de los delitos que pudieron cometer cuesta entender que quienes no ocultan su determinación de persistir en la deriva política que les llevó a urdir y proclamar la ruptura unilateral de la indisoluble unidad de España establecida en el Artículo 2 de la Constitución -proclamando la independencia de Cataluña- hayan tenido ocasión de presentarse en las Cortes, institución cuya primera y prioritaria obligación es el cumplimiento y la defensa del mandato establecido en la Carta Magna.
En enero del 2017 el Tribunal Constitucional alemán sentenció que la República Federal Alemana es un Estado-nación basado en el poder constituyente del pueblo alemán y por lo tanto no había espacio bajo la Constitución para que los estados individuales ("länder") intenten separarse. Intentarlo violaría el orden constitucional. Gran país, la Alemania de nuestros días.
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