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La OEA pide un diálogo "efectivo y de buena fe" para solucionar la crisis política en Nicaragua

Agencias
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martes, 21 de mayo de 2019, 23:33 h (CET)
La OEA pide un diálogo
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MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha pedido este martes un diálogo "efectivo y de buena fe" en Nicaragua y ha mostrado su "preocupación" por "el deterioro de las instituciones democráticas y los Derechos Humanos" en el país.

El Consejo Permanente del organismo regional ha aprobado --con 20 votos a favor y diez abstenciones-- una resolución durante la jornada en la que ha expresado además su apoyo "a una solución pacífica a la crisis política" en Nicaragua.

En la misma, ha pedido que el diálogo se fundamente en la aplicación por parte del Gobierno de la "liberación incondicional de todos los presos antes del 18 de junio de 2019", así como en la autorización para el "trabajo efectivo" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Asimismo, ha solicitado "dar curso a las medidas institucionales necesarias que garanticen elecciones libres, justas, transparentes y legítimas, de conformidad con los estándares internacionales" y "garantizar la libertad de expresión y de prensa".

El organismo ha pedido además que se permita "el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica", "cesar las detenciones arbitrarias", y "garantizar el regreso y permanencia seguros, sin represalias, a todas las personas que fueron forzadas a abandonar Nicaragua como resultado de la actual crisis".

"Nicaragua requiere avances en materia de reforma electoral, es necesario que estos trabajos progresen para poder tener elecciones justas, transparentes, con estándares de observación internacional", ha dicho el jefe de Gabinete del secretario general de la OEA, Gonzalo Koncke.

La resolución ha sido aprobada horas después de que el Gobierno de Daniel Ortega asegurara que está dispuesto a cumplir lo acordado en el diálogo con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que en su opinión pasa por liberar a 132 presos políticos antes del 18 de junio, después de que la oposición nicaragüense anunciara la ruptura de las conversaciones.

Como prueba de ello, ha recordado que hasta ahora "ha avanzado unilateralmente en el cumplimiento del acuerdo de excarcelación de personas que atentaron contra la seguridad y el orden público", es decir, los considerados presos políticos por la Alianza Cívica.

PROCESO DE EXCARCELACIONES
Desde febrero, cuando se reactivó el diálogo nacional, el Gobierno ha liberado 336 reos, cien de ellos en las últimas 24 horas, según informó el lunes el Ministerio de Gobernación. A este respecto, el Ejecutivo ha subrayado este martes que es consciente de que "quedan pendientes" otros 132 antes del 18 de junio, fecha límite acordada por las partes.

"Mientras", ha reprochado, "la otra parte continúa debatiéndose en estériles dudas, discusiones y hasta amenazas que no corresponden con el interés y el bien común de nuestra Nicaragua". "Nosotros seguiremos trabajando por la paz y el bienestar, protegiéndonos de las acechanzas del mal, que nadie quiere en nuestro país", ha remachado.

Ortega ha contestado así al comunicado difundido el lunes por la Alianza Cívica tras celebrar una reunión de urgencia en lugar de asistir a la reunión del diálogo nacional que estaba prevista para ese mismo día en Managua, dejando plantada a la delegación gubernamental.

"La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se retira de la mesa de negociación hasta que el Gobierno excarcele, previo a su liberación definitiva, a los presos políticos de la lista conciliada (por ambos que obra) en poder del Comité Internacional de la Cruz Roja", anunció la oposición nicaragüense.

La plataforma disidente aludió a "los pocos avances" que se han producido en las conversaciones "por la nula voluntad política del Gobierno, esgrimiendo que desde el 29 de marzo no se habían producido nuevas liberaciones, si bien el Gobierno respondió horas después con la orden de excarcelar a otros cien presos políticos.

CRISIS POLÍTICA
La crisis estalló en abril de 2018. Comenzó con protestas por una polémica reforma de la seguridad social que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.

Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar a Ortega por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.

El líder 'sandinista' ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. El pasado mes de febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Desde entonces la Alianza Cívica ha denunciado en numerosas ocasiones incumplimientos del Gobierno.

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