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MADRID, 20 (OTR/PRESS) Por más vueltas que se le de, y se mire como se mire, si no se resuelve pronto el conflicto con el independentismo catalán, las instituciones que sostienen la estructura política de la nación, que ya presentan fisuras, pueden quebrarse: no existe estado democrático que soporte unas imágenes como las vistas en el Congreso y en el Senado, las de representantes legítimos de la voluntad popular regresando a la cárcel tras firmar sus actas, y salga ileso.
No hay demócrata, de izquierda, derecha o de centro, federalista o unitario, que no sienta una profunda tristeza al asistir a éste suceso, pues el encarcelamiento de los cabecillas del movimiento independentista catalán simboliza o expresa, de alguna manera, el de la masa social que ha resignado su representación política en ellos, unos dos millones y pico de ciudadanos catalanes, que no son pocos. La circunstancia de que todos sepamos, incluidos esos dos millones y pico de españoles renuentes, qué es lo que nos ha traído hasta aquí, el intento de secesión por las bravas y todos sus malhadados anexos y episodios, no evita esa tristeza que, de no remediarse, puede cronificarse y cursar en depresión.
La solución dada a la ceremonia de recogida de las actas de diputados y senador de los políticos presos ha servido para salir del paso, pero no es una solución. Antes al contrario, el hecho de que esos parlamentarios fueran conducidos, rigurosamente vigilados, al Congreso, para regresar al poco en la mismas condiciones al chabolo, señala una de esas fisuras en la arquitectura institucional, la debida al forcejeo entre la Justicia y la conveniencia política, entre el poder que les juzga por la comisión de graves delitos, y el que, emanado directamente del pueblo, les otorga el reconocimiento de su legal representación de una parte de él.
La necesidad de resolver esa desarmonía, esa cuestión, que distorsiona hasta extremos delirantes la vida política española, colisiona violentamente con la sospecha, o con la certidumbre, de que ni a un lado ni al otro del problema hay políticos con la categoría y la voluntad necesarias para resolverlo. Produce escalofríos a la mente que los líderes de la facción neocarlista sean personajes del corte de los Jordis o del comediante Puigdemont, como también los produce que los Casado y Rivera supongan que el artículo 155 de la Constitución es el bálsamo de Fierabrás, o que Sánchez pudiera apoyarse, siquiera puntualmente, en los votos de Rufián.
Con políticos de salir del paso no es probable llegar a una solución de la que nos separa no un paso, sino muchos, pero que, sin embargo, hay que dar cuanto antes. Los españoles no merecen esa tristeza de ver diputados chapados en el furgón policial, ni, desde luego, radicalmente desleales a la nación a la que, les guste o no, deben su acta.
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