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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Un centenar de científicos convocados por la Plataforma Sexenios y Quinquenios se han concentrado este viernes frente al Palacio de La Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno, para exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez la publicación del Real Decreto de homologación de todos los científicos de los Organismos Públicos de Investigación antes de que finalice la legislatura.
"No se está cumpliendo la Ley de Ciencia de 2011, que establecía homologar a todos los científicos de los Organismos Públicos de Investigación a la misma escala y con el mismo sistema de evaluación que al CSIC", ha explicado David Barrado, miembro de la plataforma que agrupa a más de 500 científicos de seis de los siete Organismos Públicos de Investigación (OPI).
Según Barredo, esta homologación "tenía que haber ocurrido en 2014" y acumula cinco años de retraso. "Hay una sentencia del Tribunal Supremo que dio al Gobierno seis meses para publicar ese Real Decreto, que se tenía publicado en enero y tres meses sigue parado el proceso", añade este investigador.
La Ley de Ciencia estableció, en su artículo 25, la equiparación y homologación entre todos los científicos. En concreto, recogió la extensión del sistema retributivo que impera en el CSIC y en la Universidad desde 1998, un sistema que se basa en la evaluación de méritos, sexenios y quinquenios.
En total hay seis OPI: el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA); el Instituto Español de Oceanografía (IEO); el Instituto Geológico y Minero de España (IGME); y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Todos ellos están coordinados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
A pesar de estar recogido en la Ley, la falta de un reglamento --que tendría que aprobarse mediante Real Decreto-- que desarrolle esta medida ha impedido que se haya puesto en marcha esta homologación de manera real, que tenía que surtir efecto con fecha de 1 de enero de 2014.
Entre los motivos por los que nunca se ha llegado a aplicar esta homologación de categorías profesionales, se encuentra la 'congelación' de los sueldos públicos. Desde 2014, no se había aprobado en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ningún aumento salarial para los funcionarios, entre los que se incluyen estos científicos.
EL SUPREMO LES DIO LA RAZÓN
El pasado 3 de abril de 2018, el Tribunal Supremo condenó al Gobierno (por entonces del Partido Popular) a publicar el citado Real Decreto en un plazo máximo de seis meses. Este plazo finalizó el pasado 9 de enero de 2019.
"Con esta desobediencia al Tribunal Supremo, el Gobierno desafía la ley consolidada y aprueba, de manera tácita, una discriminación de los investigadores españoles que somos calificados de primera o de segunda clase en función del centro al que pertenecemos, no en base a la excelencia científica que tanto pregona el ministro Duque", lamenta la plataforma.
Según denuncian, sin esta homologación, un investigador de un Organismo Público de Investigación distinto al CSIC puede cobrar en la misma categoría profesional hasta 900 euros mensuales menos que un compañero del CSIC o de la Universidad.
Ante el incumplimiento del fallo del TS, la plataforma de científicos afectados ha pedido la intervención del Defensor del Pueblo y presentaron el pasado 27 de febrero de 2019 una diligencia ante el TS solicitando la ejecución de la sentencia.
Tras esta petición, este mismo colectivo ha anunciado que está "dando los primeros pasos" para interponer demandas por responsabilidad patrimonial del Estado.
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