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MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará el próximo jueves 21 de febrero, a partir de las 9.00 horas, las enmiendas que el Senado ha introducido al Proyecto de Ley para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
De este modo, las enmiendas aprobadas por mayoría simple quedarán incorporadas, mientras que las rechazadas serán eliminadas y el texto regresará a su redacción anterior a la incorporación de la enmienda. Producida la votación, la iniciativa legislativa quedaría aprobada y lista para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrar en vigor.
Con la ratificación de la Cámara Baja, la reforma quedará aprobada definitivamente antes de la disolución de las Cortes que deberá producirse antes del 5 de marzo, después de que este viernes 15 de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril.
El Pleno del Senado aprobó el pasado mes de diciembre el Proyecto de Ley para la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual sin apenas modificaciones respecto al texto que remitió el Congreso, incluyendo el tope establecido del 20% para la recaudación de los autores en franjas "sin audiencias significativas".
Precisamente, el Congreso aprobó este tope para frenar prácticas conocidas como 'La Rueda', una presunta trama integrada por varios socios de la SGAE en la que se registra de forma fraudulenta modificaciones de obras originales (y por tanto libres de derecho de autor) sin variación alguna de las auténticas para ser emitidas en programas nocturnos de televisión.
El tope establecido por la reforma de la Ley ahora es del 20% del total recaudado por un caso intensivo --la misma cifra que fijaba la OMPI en un laudo el año pasado--, cuando la radiodifusión en los que el valor comercial por el uso de las obras y prestaciones protegidas sea testimonial por ausencia de audiencia significativa.
CIERRE DE WEBS
Además del mayor control de las entidades de gestión, en la reforma de esta Ley se recogen medidas contra la piratería, como el cierre de webs que hayan incumplido de forma reiterada la ley sin necesidad de volver a requerir autorización judicial.
Así, el texto incluye la modificación pactada en el Congreso por PP, PSOE y Ciudadanos que establece que "la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa" cuando estas webs sean reincidentes.
En cuanto a la negociación de tarifas entre los usuarios de la propiedad intelectual --radios y televisiones-- y entidades de gestión --SGAE, AIE o AGEDI--, se incluye una regulación en caso de desacuerdo entre ambas partes.
En estos casos, dice la nueva ley, los usuarios deberán pagar, en todo caso, el 100% de la última tarifa acordada o, a falta de un acuerdo anterior, el 50%. "Hasta que se resuelva el conflicto, se entenderá, provisionalmente, que la obligación de pago ha sido cumplida y, en lo que se refiera al derecho exclusivo que pudiera ocurrir con el derecho de remuneración, concedida la autorización para el uso de ese derecho exclusivo", apunta la redacción.
CAMBIOS EN LOS ESTATUTOS DE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN
Las entidades de gestión también se han visto afectadas en esta reforma. En concreto, se han cambiado sus estatutos y sus órganos de control interno. En este último caso, se determina que aquellas que recauden anualmente una cifra igual o superior a 100 millones de euros en el ejercicio anual anterior, estarán obligadas a nombrar como miembros del organismo de control a un número de terceros independientes igual al número de miembros de la entidad de gestión que integren dicho órgano.
En cuanto a los estatutos, se establece que el régimen de voto no permitirá que se produzcan concentraciones mayoritarias en poder de un número reducido de miembros, si ello constriñe la democracia interna o altera de alguna forma la libertad de actuación de la asamblea general. Además, se deberá velar porque aquellos titulares de derechos que pertenezcan a empresas usuarias no ocupen puestos en los órganos de gobierno, ni participen en las tomas de decisión en que pudiera existir un conflicto de intereses.
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