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MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Gobierno dejará pendiente, con el anuncio de elecciones generales para el próximo 28 de abril, la Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado 28 de diciembre en Consejo de Ministros, y que preveía aumentar el plazo de prescripción de los abusos sexuales contra menores, para que este empezara a contar a partir de que la víctima cumpliera 30 años.
Aunque en los dos Consejos de Ministros que quedan antes de la disolución de las Cortes Generales, el Gobierno podría remitir a las Cortes el proyecto de ley, en ningún caso daría tiempo a completar su tramitación en esta legislatura.
Actualmente, el plazo de prescripción de estos delitos empieza a contar cuando la víctima cumple los 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad. A pesar del aumento que prevé el anteproyecto, víctimas de abusos se concentraron este jueves 14 de febrero ante el Congreso de los Diputados para pedir que el plazo se amplíe hasta los 50, pues consideran que la propuesta de 30 años es "insuficiente".
El anteproyecto normativo, que pretendía modificar 11 leyes, establece un concepto de violencia amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidas las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. También incluye un nuevo catálogo de delitos contra menores y adolescentes cometidos a través de Internet.
Además, endurece las condiciones de cumplimiento de los condenados por agresiones sexuales a menores y prevé que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales dispongan de unidades especializadas en la prevención y detección de situaciones de violencia sobre los menores.
Asimismo, establece el deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarlo ante la autoridad competente; y obliga a los jueces de instrucción a recurrir a la prueba preconstituida cuando la víctima tenga menos de 14 años.
En el ámbito educativo, la ley dicta que los centros educativos deberán dotarse de protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia. La norma también prevé la elaboración de un protocolo común de actuación sanitaria.
Asimismo, el anteproyecto contempla la creación de un registro Central de Información sobre la Violencia contra la Infancia y la elaboración de la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia.
AGILIZAR LAS ADOPCIONES INTERNACIONALES
Otra medida que afecta a la infancia y que se encuentra a falta de su aprobación por el Consejo de Ministros, es el reglamento de la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que lleva pendiente desde 2015, y que agilizaría las adopciones internacionales.
El Consejo de Estado ha remitido ya al Ministerio de Sanidad, Bienestar Social y Consumo el dictamen sobre dicho reglamento, según han informado a Europa Press fuentes de este órgano; y fuentes del Ministerio han confirmado a Europa Press que el Gobierno tiene la intención de aprobar el reglamento "lo antes posible".
La ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia de 2015 establecía que una buena parte de las competencias en materia de adopciones internacionales pasaban de las comunidades autónomas a la Administración General del Estado, pero quedaba pendiente de la aprobación de un reglamento que desarrollara la norma.
De esta forma, las adopciones internacionales han quedado durante este tiempo en un "vacío legal", según denunció el PSOE el pasado mes de noviembre cuando registró en el Congreso una Proposición No de Ley para impulsar la adopción internacional en España.
Si se aprobara el reglamento en las próximas semanas, los países de origen de los menores que van a ser adoptados tendrían un solo interlocutor y se desbloquearían las adopciones internacionales dando respuesta a las familias adoptantes en España que están en espera, así como a lo menores de esos países.
Según un informe del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social titulado 'Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia', publicado en 2018 con datos de 2017, en cuatro años se desplomaron a la mitad las adopciones de niños extranjeros en España.
En concreto, de los datos se desprende que las adopciones internacionales cayeron de 1.191 en 2013 a 531 en 2017, siendo Vietnam y China los principales países de procedencia de los menores. Mientras, el número de niños españoles adoptados aumentó en 2017 hasta los 680, casi un centenar más que el año anterior, y un 46 por ciento de ellos eran menores de tres años.
Además, el informe revela que a 31 de diciembre de 2017 había 6.298 familias con certificado de idoneidad pendientes de asignación, de las cuales 2.730 habían solicitado una adopción nacional y 3.568, una adopción internacional.
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