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MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Pedro Sánchez dejará pendiente la revisión de los delitos sexuales que el Ejecutivo tenía previsto hacer a través de la reforma del Código Penal, así como la aprobación de una ley contra la trata de seres humanos, en particular, con fines de explotación sexual.
Este viernes 15 de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril, por lo que la disolución de las Cortes Generales deberá producirse el 5 de marzo, dentro de 18 días.
En concreto, la revisión de los delitos sexuales se puso encima de la mesa ya durante el Gobierno de Mariano Rajoy a raíz de la polémica sentencia que condenaba a los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso sexual y les absolvía del de agresión.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró que llevaría en febrero al Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley orgánica de modificación del Código Penal para la protección de la libertad sexual.
En el texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno de Pedro Sánchez planteaba eliminar el delito de abuso sexual así como suprimir las penas de multa para los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, sustituyéndolas por penas de cárcel.
Así, se aglutinaban los delitos sexuales bajo el capítulo 'De la violación y otras agresiones sexuales'. Desaparecía el término de abuso sexual para considerarlos todos 'agresiones sexuales' al no existir consentimiento de las víctimas, y 'violación' en los casos en los que exista penetración sin consentimiento de la víctima.
Asimismo, el Ejecutivo planteaba en el texto un ajuste de las penas previstas para estos delitos, a fin de adecuarlas a su específica gravedad. Así, se elevaba a 3 años el límite mínimo de un año que hasta ahora se establecía para la sanción del delito básico de agresión sexual. También se suprimía la pena alternativa de "multa de 18 a 24 meses" que ahora se establece en el tipo básico del delito de abusos sexuales.
SIN MEDIDAS CONTRA LA PROSTITUCIÓN
Por su parte, el anteproyecto de la ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual se encuentra en proceso de redacción. Se trata de una medida contemplada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el objetivo era "hacer una sistematización de toda la legislación, actualmente dispersa, en esta materia".
El Gobierno tenía previsto poner el foco en la protección y atención de las víctimas de trata, y también en la prevención, sin incluir medidas contra la prostitución, a pesar de que el PSOE se ha declarado abolicionista y se comprometió en el programa electoral a sancionar la demanda y compra de prostitución. En todo caso, el PSOE registró este jueves una Proposición No de Ley en el Congreso para forzar a los grupos a posicionarse sobre la prohibición de esta práctica.
En la actualidad, la prostitución en España se encuentra en una situación de 'alegalidad', es decir, no es legal ni ilegal, y su ejercicio es libre siempre que sea de forma voluntaria y la persona se quede con el beneficio. Sí está sancionado su consumo cuando éste se solicite y disfrute "en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores (colegios o parques) o en zonas que pueda generar un riesgo para la seguridad vial", además de estar penalmente castigado el proxenetismo.
El debate sobre la legalización de este práctica se retomó después de que el Gobierno aceptara legalizar al sindicato de Trabajadoras del Sexo (OTRAS), una decisión que la propia ministra de Empleo, Magdalena Valerio, calificó de "gol por la escuadra" y prometió que la iba a anular. El pasado mes de noviembre, la Audiencia Nacional declaró la nulidad de los estatutos de este sindicato.
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