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MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Pedro Sánchez deja pendiente, tras anunciar elecciones generales para el próximo 28 de abril, la retirada de las concertinas de las vallas situadas en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos, una medida que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció como prioridad al poco tiempo de prometer su cargo el pasado mes de junio.
A lo largo de estos meses, Interior ha ido dando pasos para poder proceder a la sustitución de las concertinas, unos alambres equipados con cuchillas cortantes que se instalaron coronando las vallas fronterizas en el año 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
El objetivo, según Grande-Marlaska, era cambiarlas por otros medios "menos cruentos" que garanticen "igual o más seguridad" en la frontera. Sin embargo, recientemente el ministro concretó que solo se retirarían las concertinas de "las zonas más vulnerables", es decir, las que han sido objeto de mayores intentos de salto.
En cualquier caso, a su llegada al Ministerio encargó un "informe" para estudiar las alternativas. El departamento ha tenido encima de la mesa tres opciones, aunque no ha desvelado cuáles son ni cuál ha sido la elegida para sustituir las concertinas.
El Gobierno tampoco ha podido dar por finalizada la "reforma integral" de los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que operan en España y que recientemente aprobó en Consejo de Ministros. Ni se ha comenzado a construir el centro nuevo en Algeciras (Cádiz) previsto para antes del año 2022.
Tampoco va a ver la luz esta legislatura el refuerzo de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) para agilizar la resolución de los expedientes de solicitudes de protección internacional. A finales de julio se lanzó una convocatoria de 323 plazas de nuevos funcionarios, de las que 231 son para reforzar el funcionamiento de la OAR, pero la oposición está por desarrollarse.
El Gobierno socialista tomó el mando en junio, en el ecuador de un año 2018 que se ha convertido en récord de llegadas de pateras a costas Españolas, con más de 50.000 migrantes, superando las cifras durante la 'crisis de los cayucos' de 2006, cuando 39.180 personas alcanzaron España por vía marítima, principalmente a través de las Islas Canarias. En este contexto, el Ejecutivo puso el foco en la mejora de la atención de las personas que llegaban a través de la vía marítima, habilitando nuevos centros de atención y acogida urgente de migrantes.
DE LA ACOGIDA DEL AQUARIUS AL BLOQUEO DE LOS BARCOS DE RESCATE
El mismo mes de junio, el Gobierno de Pedro Sánchez adoptó una decisión que marcó el inicio de la legislatura: la acogida de los 630 migrantes y refugiados rescatados por el buque de salvamento Aquarius en aguas del Mediterráneo central.
El Ejecutivo español ofreció Valencia como puerto seguro para el desembarco de este barco, y en agosto también ofreció al barco de rescate Open Arms el puerto de Algeciras para desembarcar a los 87 migrantes que rescató a la deriva.
Éstas y otras acogidas de migrantes despertaron críticas entre una parte de la oposición que acusó al Gobierno de hacer "marketing" con la cuestión migratoria. También le han acusado en reiteradas ocasiones de "dan bandazos", teniendo en cuenta que en la actualidad el Ministerio de Fomento tiene "bloqueados" a los barcos humanitarios Open Arms y 'Aita Mari' en el Puerto de Barcelona y de Pasaia (Guipúzcoa), respectivamente. Ambos buques de rescate no pueden zarpar hacia el Mediterráneo central para salvar vidas de migrantes.
'DEVOLUCIONES EXPRESS'
El pasado mes de agosto --dos meses después de llegar al Gobierno, reactivó un acuerdo firmado en el año 1992 entre España y Marruecos para la readmisión de extranjeros que entran de manera irregular a territorio español a través de sus fronteras.
La aplicación de este convenio le sirvió para ejecutar unas 116 'devoluciones exprés' --en menos de 24 horas-- de los migrantes subsaharianos que lograron saltar la valla de Ceuta de manera masiva y lanzando cal viva a los agentes que custodiaban la valla. El procedimiento "se hizo con todas las garantías" y con "la ley en la mano", según ha alegado siempre Interior, a pesar de la polémica y las críticas de varias ONG.
Entonces, el Gobierno tachó de "inaceptable" la "violencia" contra las fuerzas de seguridad y la utilizó como argumento para justificar las devoluciones. No obstante, en el mes de octubre el Ministerio volvió a aplicar este acuerdo bilateral para expulsar a otras 55 personas de las 209 personas que cruzaron el vallado de Melilla y que no pidieron asilo en España, a pesar de que en esa ocasión, los migrantes no emplearon tanta violencia. El convenio se ha aplicado en ocasiones puntuales para devolver a Marruecos a migrantes que llegan en patera a las islas Chafarinas.
Con el acuerdo bilateral reactivado, también se puso sobre la mesa la situación de los más de 12.000 menores extranjeros no acompañados que hay en España. En este sentido, Grande-Marlaska confirmó que estaban trabajando para "establecer los criterios firmes" que permitan la devolución al país alauí de los niños y jóvenes, "siempre en términos de seguridad" y respetando el interés superior del menor, aunque finalmente no se ha materializado ninguna medida en este sentido.
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