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La industria agroalimentaria se posiciona como sector "estratégico" para la economía
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El Gobierno ha mantenido estable el presupuesto en políticas agrícolas y pesqueras tras destinar 7.761 millones de euros en 2019 a la política de agricultura, pesca y alimentación, lo que supone un 0,2% más, según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.
El Ejecutivo ha recordado que como consecuencia de la reorganización administrativa los gastos comunes del antiguo Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se han distribuido entre los nuevos Departamentos de Agricultura, Pesca y Alimentación y para la Transición Ecológica, ocasionando disminuciones en esta política del 18% en el capítulo de gastos de personal y del 37% en el de gastos corrientes en bienes y servicios.
El Gobierno, además, ha explicado que la política de agricultura se financia en un 89% con fondos procedentes de la Unión Europea (Feaga y Feader).
Respecto a los retos a los que se enfrenta esta política, el Ejecutivo ha subrayado que pasan por mejorar la posición de los productores en la cadena alimentaria frente a la erosión cada vez más importante de los márgenes de los agricultores, en el marco de unas relaciones "más justas y más equilibradas" para todos los operadores.
Además, de conseguir un "relevo generacional" que permita el mantenimiento de la actividad en las zonas rurales, así como la búsqueda de la igualdad de género, ya que el medio rural está no solo envejecido, sino que también hay escasez de mujeres.
Respecto a la UE, el Gobierno tiene previsto mantener, como prioridad fundamental, los aspectos relacionados con las negociaciones del marco financiero 2021-2027 y la reforma de la política agraria. Así, trabajará para adoptar una "posición común" para preservar el presupuesto ante la propuesta de la CE que contiene una importante disminución con respecto al marco anterior, asegurar su carácter europeo, cerciorarse de que los pagos directos jueguen un "papel central" en la próxima PAC, y que la ayuda básica a la renta se defina de modo que los apoyos se fijen con criterios objetivos y no discriminatorios.
Agricultura dispondrá en 2019 de créditos por importe de 1.239 millones de euros, entre los que destacan las transferencias a comunidades autónomas y empresas privadas cofinanciadas con fondos europeos y canalizadas a través del FEGA por importe de 1.103 millones de euros y de la Dirección General del Desarrollo Rural y Política Forestal por importe de 105 millones de euros.
Los objetivos en este área se centran en las directrices emanadas de la nueva programación europea para el periodo 2014-2020, siguiendo las pautas marcadas en los ejes del Reglamento comunitario, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
Respecto al sector agroalimentario, el objetivo del Gobierno es orientar las "producciones hacia las nuevas demandas" de la sociedad, y a la "actual formulación" de la Política Agrícola Común (PAC). Además, debe integrarse plenamente en las políticas de desarrollo sostenible, buscando la rentabilidad a través de las explotaciones, el mantenimiento del medio rural y de la actividad económica en amplias áreas en las que la agricultura y la ganadería son actividades económicas de importancia vital.
LA AGROALIMENTACIÓN, MOTOR DE LA ECONOMÍA AGRARIA
Agricultura, en este sentido, destaca que la aprobación de la Ley 13/2013 de integración de cooperativas impulsará un modelo cooperativo empresarial, profesionalizado, generador de valor y con dimensión relevante, contribuyendo así a la sostenibilidad del sector agroalimentario, y especialmente, al mantenimiento y desarrollos de la economía del medio rural.
El Gobierno ha resaltado que la industria agroalimentaria se mantiene como el "motor" que impulsa la economía agraria, posicionándose como sector "estratégico" dentro de la economía nacional.
En concreto, el Ejecutivo destaca que se ha creado un programa específico para la prevención de los problemas sanitarios en toda la cadena productiva agraria, ya que se trata de un "elemento esencial para la rentabilidad y la competitividad del sector", que se traduce en un elemento de estabilidad de producciones, de consolidación de los mercados y de confianza en consumidores.
De esta forma y para estas actuaciones, Agricultura dispondrá en 2019 de créditos por importe de 122 millones de euros, un 4,2% más, de los que se dedicarán 50 millones de euros a la calidad de las producciones y los mercados agrícolas, mientras que se dedicarán 41 millones de euros a la sanidad de las producciones agrarias y 31 millones de euros a la industria agroalimentaria.
Agricultura ha destacado la aportación de 15 millones de euros que se dedicarán a ayudas complementarias dentro del marco de Programa de Opciones Específicas para las Islas Canarias (Poseican).
El Ejecutivo ha elevado a 248 millones de euros a la prevención de riesgos en las producciones agrarias, de los que 241 millones de euros que se destinarán al Plan de Seguros Agrarios.
En concreto, durante 2019, pretende facilitar la incorporación de nuevos asegurados, especialmente en aquellas líneas con baja implantación, trabajar en la mejora de la gestión de los seguros y en la información a facilitar al asegurado y revisar los criterios de asignación de subvenciones con coberturas crecientes y avanzar en el desarrollo del sistemas como instrumento de gestión de riesgos acorde con la PAC.
Por su parte, las subvenciones a la producción agraria con aportaciones financieras del Feaga ascenderán a 5.710 millones de euros en 2019 para instrumentar los mecanismos de intervención de los productos en el marco de los reglamentos y normativas de regulación, para adecuar la oferta a la demanda, y para evitar que los precios en origen desciendan por debajo de unos límites que posibiliten niveles de renta adecuados a los sectores productivos.
DESTINA 75 MILLONES AL MEDIO MARINO Y PESCA
El Gobierno destinará, además, este año 75 millones de euros a actuaciones en medio marino y pesca, de los cuales destacan los 18 millones de euros para subvenciones a comunidades autónomas y empresas cofinanciadas con fondos europeos.
En esta materia, el Departamento de Luis Planas pretende hacer compatible la política de conservación de la biodiversidad con la política de aprovechamiento pesquero, a través de la regulación y mejora de las estructuras y mercados pesqueros, y la protección de recursos.
El principal objetivo es la explotación adecuada, racional y responsable de las disponibilidades de los caladeros, gestionando los recursos y aplicando medidas para su conservación, protección y regeneración, con objeto de apoyar el desarrollo sostenible del sector.
Por último, el desarrollo de la política de regadíos contará con una dotación de 60 millones de euros en 2018, de los cuales 40 millones de euros se dedicarán a inversiones.
Además, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias también colabora en esta política, con una inversión prevista de 18 millones de euros para el próximo año.
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