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MADRID, 13 (OTR/PRESS) Resulta asombroso tanto desvarío, tanto sectarismo, tanta capacidad de autoengaño y tanta irresponsabilidad. Las autoridades catalanas, que no los ciudadanos, parecen no tener límite en sus aspavientos. Lo que no es una provocación, es una injusticia, un ataque directo a la democracia. Si algo caracteriza el nacionalismo exacerbado es que la culpa siempre la tienen los otros. No necesitan ni un parpadeo ajeno para que sienta agredidos y lo más serio es que personas ajenas al núcleo duro de las decisiones políticas que se toman en Cataluña, todavía sigan pensando que quizás fuera mejor dejar de hacer determinadas cosas para no darles excusas. No las necesitan.
Viene esto a cuento de la cita de Gobierno de Pedro Sánchez, el próximo día 21 en Barcelona. Es verdad que en las últimas horas el lenguaje de los independentistas parece haberse moderado una pizca, solo una pizca pero es un auténtico escándalo que una reunión del Gobierno legítimo de España venga precedida de un dispositivo de seguridad sin parangón. Solo comparable a la que se produjo hace un año. ¿Es normal que para garantizar la seguridad de Gobierno de todos los españoles haya que establecer toda una estrategia de seguridad como si estuviéramos casi en situación de guerra?.
No tiene nada de normal. Es una profunda anomalía democrática. El Gobierno, este y el que venga, tiene derecho a reunirse allí donde quiera y cuando quiera. En paralelo, son legitimas las expresiones de protesta o desacuerdo pero dentro de los límites razonables. Y nada de lo que está anunciando por parte de los violentos, con el silencio cobarde de otros que van de pacíficos, entra dentro de lo razonable. Nada de lo que ocurre en Cataluña es razonable y por ello es necesario el refuerzo policial.
¿No son bastantes 16.000 efectivos para garantizar la seguridad del Gobierno?. Objetivamente hay que pensar que sí pero cuando los responsables políticos de estos hombres y mujeres que obedecen órdenes no reciben las adecuadas, es normal que el Gobierno de la Nación, en ejercicio de su derecho y de su obligación, garantice el orden y la seguridad.
Y aquí viene el problema. ¿Cómo es posible que los responsables de seguridad de Cataluña no inspiren una confianza que debe estar fuera de duda?. El Gobierno debe acudir a Barcelona y debe garantizar la seguridad. Lo primero porque es su derecho y lo segundo porque, en el fondo, no se fían de los responsables políticos de los Mossos. ¿Es esto lealtad institucional?. Es más que compresible que el Gobierno no se fíe. Lo que no es tan comprensible es que ante esta situación, el Ejecutivo opte por el parche de enviar efectivos de la Policía Nacional y Guardia Civil. Tiene en su mano los resortes legales más que suficientes para sortear, sin sobresalto alguno, la irresponsabilidad de los mandos políticos que no de los Mossos más que hartos de verse en polémicas que no van con ellos.
Los grupos violentos, que los hay como se está viendo, se están organizando con tanto afán como el propio Gobierno por la seguridad. Se harán notar y habrá altercados y al final la culpa será de la Policía que actuará, según ellos, de manera desmedida. La crónica está escrita.
Vuelvo al principio. Que los responsables de seguridad del Gobierno de España estén estudiando incluso planes de evacuación para los miembros del Gabinete es como de broma sino fuera realmente dramático. El gran peligro de esta situación es que haya quienes vean todo esto como algo normal. ¿Es normal tener que enviar 1000 efectivos para garantizar la seguridad del Gobierno?.
Ante esta situación realmente delirante no cabe más Ibuprofeno. Dos sobres más y llega la intoxicación. Cuando esto ocurre hay que retirar la medicación y sólo puede hacerlo la misma persona que puede convocar elecciones: el Presidente del Gobierno.
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