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MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Una de cada 70 personas en el mundo está atrapada en una crisis humanitaria, en muchos casos debido a conflictos que cada vez se prolongan más en el tiempo y generan más desplazados y refugiados. Las organizaciones humanitarias que las atienden dependen fundamentalmente de combustible para llevar a cabo sus actividades, con el impacto económico, pero también medioambiental, que esto supone.
Aunque hay falta de transparencia por parte de las ONG y no hay datos completos sobre el dinero que estas destinan a combustible para poner en funcionamiento los generadores que emplean en sus instalaciones o en los vehículos de transporte que usan, un estudio elaborado por la Iniciativa Energía Móvil (MEI) de Chatham House llega a la conclusión de que podrían ahorrarse unos 500 millones de dólares al año si se emplearan fuentes de energía más limpias.
Según las estimaciones realizadas por MEI, en torno al 5 por ciento del gasto de las organizaciones humanitarias se destina a diésel, gasolina y los costes asociados como por ejemplo la reparación de los generadores, lo que supone que el sector se gastó 1.200 millones de dólares en 2017 en combustibles contaminantes.
Si las ONG optaran por buenas prácticas y energías menos contaminantes podrían ahorrar hasta el 10 por ciento de los costes en combustible del transporte terrestre, el 37 por ciento adoptando conductas y tecnologías más eficientes, y el 60 por ciento en la generación de electricidad usando para ello prácticas y tecnologías ya disponibles, probadas y asumibles.
Esto supondría, con los costes actuales, un ahorro de más de 517 millones de dólares al año para el sector humanitario, lo que equivale, según destaca el informe de Chatham House, al 5 por ciento de la brecha de financiación que tuvo en 2017 el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
"Los trabajadores humanitarios trabajan en entornos duros donde salvar vidas es lo primero", reconoce Owen Grafham, uno de los coautores del informe 'Los costes del combustible en la ayuda humanitaria'. "No se piensa mucho en la energía, el diésel es el combustible para todo porque es a lo que están acostumbradas las organizaciones y es rápido de desplegar", añade.
Sin embargo, teniendo en cuenta el que por ejemplo los campos de refugiados, uno de los ámbitos en los que trabajan las ONG, tienen de media unos 18 años y en ellos viven decenas de miles de personas, suponen una carga para las comunidades locales y sus recursos, con el consiguiente impacto en la economía local, de ahí la necesidad de optar por energías más limpias.
El número de personas que huyen de los conflictos se encuentra en niveles máximos y aumentó en tres millones entre 2016 y 2017. La cifra de 68,5 millones de personas que habían tenido que abandonar por la fuerza sus hogares para finales de 2017 --entre desplazados internos y refugiados-- supone un 60 por ciento más que hace diez años, ha resaltado Chatham House.
LA ENERGÍA ES ESENCIAL EN LAS RESPUESTAS HUMANITARIAS
"La energía es esencial para la respuesta humanitaria", sostiene Glada Lahn, también coautora del estudio. "La mayoría de los campos para refugiados y desplazados están en lugares remotos, así que los esfuerzos de asistencia consumen grandes cantidades de combustible en el transporte a larga distancia del personal, los equipos y productos como alimentos y agua", destaca.
"Las operaciones suelen depender de generadores para suministrar electricidad en los centros de recepción, las clínicas, las escuelas, los almacenes de comida y las bombas de agua", añade Lahn.
En este sentido, Grafham destaca que "en un momento de una presión presupuestaria significativa en el sistema humanitario, las agencias deberían examinar seriamente el potencial de las nuevas soluciones energéticas para reducir costes, crear nuevas oportunidades para las personas vulnerables y dejar un legado para la comunidad anfitriona".
Así, el informe destaca por ejemplo el caso de Jordania, donde se han creado plantas solares que abastecen de electricidad a los dos principales campos de refugiados, lo que permite a ACNUR ahorrar 7,5 millones de dólares al año y ha aliviado la presión en el tendido eléctrico nacional, además de constituir un legado que quedará para la zona una vez se desmantele el campamento en el futuro.
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