 |
|
MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
Unos cincuenta refugiados, en su mayoría de Venezuela, El Salvador y Nicaragua, han acudido esta mañana al Defensor del Pueblo para denunciar a través de una queja "el maltrato institucional" que aseguran estar sufriendo por parte del Ministerio de Interior después de que se les haya dado para noviembre y diciembre de 2020 la cita para solicitar asilo.
El malestar de los inmigrantes se produce después de esperar una cola durante más de 18 horas en la comisaría de la Policía Nacional de Aluche, donde se ubica la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, para obtener la cita para la solicitud de asilo recibiendo un resguardo que les cita en noviembre y diciembre de dentro de dos años.
Esta cita previa es el primer paso para formalizar la solicitud de protección internacional frente al riesgo de su expulsión. Este amparo puede ser el asilo, que se concede a los refugiados, o la protección subsidiaria, que se da a los extranjeros que se encuentran en situaciones de riesgo y no pueden regresar a su país.
La Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ya ha iniciado una actuación de oficio con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para conocer las medidas previstas para acabar "con las largas esperas y condiciones que han de soportar" los ciudadanos extranjeros que quieren iniciar los trámites para solicitar protección internacional en Madrid.
La abogada Patricia Fernández, de Red Coordinadora de Barrios y Red Solidaria de Acogida, ha explicado a Europa Press que unos cincuenta refugiados han acudido al Defensor del Pueblo para denunciar "el maltrato institucional" al que están siendo sometidos supuestamente por el Ministerio de Interior.
"La situación no es nueva. Alguna vez ha podido haber retrasos en las entrevistas, pero nunca de esta magnitud. El retraso es intolerable y no está justificado", ha aseverado la letrada, quien solicitará al Defensor del Pueblo que medie con la Policía para que expida un documento que haga constar la voluntad de esta gente de solicitar asilo.
A su juicio, estos retrasos son una flagrante violación de los derechos fundamentales de las personas refugiados y de la normativa europea prevista en la directriz 2013/32.
Las colas que se han formado en las inmediaciones de la citada comisaría están llenas de familias con niños, en su mayoría procedentes de Venezuela, El Salvador y Nicaragua.
"Esto es una responsabilidad directa del Ministerio del Interior. Está generando un colapso del sistema. Se ha descapitalizado la Oficina de Asilo y se ha generado un problema que no tenía que ocurrir", ha apostillado.
|
