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MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La embajadora en Misión Especial para las Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad, Julia Olmo, ha hecho hincapié este martes en una comparecencia parlamentaria en la necesidad de proteger los procesos electorales de ataques digitales y campañas de desinformación que quieran "manipular" la intención de voto de la ciudadanía.
Olmo ha comparecido en el Congreso ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, donde ha repasado las actuaciones que en materia de ciberseguridad se están desarrollando en los ámbitos de Naciones Unidas y la Unión Europea.
En este contexto, ha recordado que, además de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo del próximo año, la Comisión Europea calcula que en los países miembros habrá otra veintena de procesos electorales "de diferente naturaleza y procedimiento", cuya protección es "una prioridad".
Así, ha recordado que el propio presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, dijo que el riesgo de manipulación de las elecciones "nunca ha sido tan alto" y para garantizar unos comicios "justos, seguros y transparentes" estos tienen que "adecuarse a la era digital".
Para ello, la Comisión prevé presentar un plan de acción el próximo mes de diciembre con una serie de recomendaciones en transparencia y regulación de las campañas en los medios digitales, además de multas en caso de vulneración de las leyes de protección de datos.
La embajadora española ha recordado que los múltiples procesos electorales en los distintos países europeos son muy variados, desde unas elecciones completamente tradicionales a otras totalmente digitalizadas. Esto hace que, a su juicio, la Comisión no pueda "ir al detalle" y su labor sea dar ciertas recomendaciones.
EXPLICA EL ACUERDO CON RUSIA
En el campo de la desinformación y las 'fake news', Julia Olmo ha abordado el acuerdo alcanzado entre los ministros de Asuntos Exteriores de España y Rusia, Josep Borrell y Sergei Lavrov, para constituir un grupo de ciberseguridad que analice la difusión de noticias falsas. Según ha explicado, no se trata de un órgano "formal ni informal" ni un instrumento "estable", sino un canal de interlocución al que poder acudir en caso "de que se produjera algún tipo de incidente".
Según ha explicado, este acuerdo fue alcanzado después de que Borrell transmitiera a su homólogo ruso su "extrema preocupación" por la "desinformación y manipulación de la realidad" que se había efectuado en redes sociales sobre la situación política de Cataluña. Un hecho "especialmente grave" porque se habían difundido noticias desde territorio ruso y, especialmente, desde medios de comunicación estatales.
La embajadora ha puntualizado que Borrell dejó claro que España "nunca había imputado directamente a las autoridades rusas" esta campaña de desinformación. Y Lavrov "declinó esta situación" y la achacó a un "contexto de creaciones artificiales contra Rusia".
"Al objeto evitar futuros posibles ataques híbridos y en ausencia de un canal directo para tratar asuntos que pudieran dañar la relación bilateral, se habló de la creación de un grupo de trabajo 'ad hoc' --ha explicado Olmo en el Congreso--. Se trata de un instrumento adicional, de la posibilidad de tener ese canal abierto para el caso de que fuera necesario que pudiera utilizarse".
"TERCER MODELO" DE CIBERSEGURIDAD
En este contexto, la embajadora para la Ciberseguridad y las Amenazas Híbridas también ha repasado las diferentes concepciones que existen sobre la regulación del ciberespacio y ha recordado que el presidente francés, Emmanuel Macron, habló de dos modelos de ciberseguridad: el californiano basado en el poder de las plataformas y servicios digitales, y el chino basado en el monopolio del Estado.
Entre ellos, Macron defiende "un tercer modelo" en el que estén garantizados los derechos y libertades del sector privado pero los estados tuvieran capacidad para evitar los usos "maliciosos" del ciberespacio.
"No sé si es la cuadratura del círculo, pero como planteamiento es interesante y quizá haya que ir por ahí", ha asumido Julia Olmo calificando de "valiente" la iniciativa de Francia de presentar a su Parlamento una regulación de la materia.
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