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MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
El PP lleva a debate y votación, este jueves en el Pleno del Congreso, el texto alternativo que presentó al decreto ley de acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), que el Gobierno del PSOE aprobó en julio, con el que pretende limitar, de nuevo, este servicio a los extranjeros que no tengan su situación regularizada en España.
Los 'populares' incluyen en su ley un nuevo artículo en el que precisa que los extranjeros no registrados no autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria "de urgencia por enfermedad grave o accidente", hasta su alta médica; "de asistencia al embarazo, parto y postparto"; o en cualquier caso si se trata de un menor de 18 años. En esa situación, recoge la norma, "recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles".
Del mismo modo, incluye un nuevo capítulo que, bajo el título "Prestación de asistencia a los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España", precisa que aquellos que accedan al SNS, en los supuestos anteriormente mencionados, sólo podrán recibir asistencia en la comunidad autónoma en la que se produzca la consulta, sin que se extienda a otras regiones, salvo cuando sea preciso para una adecuada atención.
EL PP SE OPUSO AL DECRETO
Con esta propuesta, quieren regresar a la regulación puesta en marcha por el expresidente del PP Mariano Rajoy, quien en 2012 aprobó un decreto ley, dentro de las medidas restrictivas puestas en marcha como consecuencia de la crisis, por el que se restringía el acceso a los extranjeros sin permiso de residencia al SNS.
Fue el pasado julio cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decidió revertir esta situación, también a través de un decreto ley, eliminando estas limitaciones. En el texto del PSOE, se especifica que "las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española" y que este servicio corre a cargo de los fondos públicos de las autoridades competentes.
Este texto se convalidó en el Congreso en septiembre, a pesar del voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, y actualmente se tramita como un proyecto de ley en la Cámara baja.
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