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MADRID, 10 (OTR/PRESS)El Gobierno ha decidido abrazar el populismo. Lo ha demostrado ya en numerosas ocasiones. La última, el cambio por decreto de una resolución judicial que afecta al sujeto pasivo de un impuesto. En este caso hablamos del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Después de que el pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo decidiera que el AJD lo pagarían a partir de ya los clientes que firmen una hipoteca, el presidente del Gobierno, en un ejercicio de propaganda pura y dura, anunció que el Consejo de ministros del jueves cambiaría la ley del impuesto para que, a partir de su publicación en el BOE, lo pagaran los bancos. Ya fue raro que Sánchez diera una rueda de prensa para anunciarlo, teniendo en cuenta que no se prodiga con la prensa para explicar asuntos realmente importantes como los que se han producido en muchos ámbitos.
Al margen del populismo y la propaganda que supone ningunear al Supremo, hay que resaltar que la decisión se ha adoptado por decreto-ley y que ya hay numerosos juristas que se han pronunciado contrarios a la utilización de esta fórmula que claramente choca con la Constitución. Las prisas pueden generar otro tiempo de incertidumbre hasta que el decreto se convalide y se tramite como proyecto de ley.
En todo caso, la demagogia no ha venido únicamente del Gobierno. Tanto la extrema izquierda como la presidenta de Andalucía se han lanzado a contarle a los ciudadanos una milonga. Andalucía es donde el tipo es más alto y en Aragón subió un 50 por ciento con el apoyo de Podemos. Tampoco es verdad que, si las CCAA dejan de recaudar este impuesto, el estado de bienestar peligre. La recaudación total ronda los 1.000 millones al año. Por tanto, su supresión, como apoya el PP, no sería ningún caos y sí beneficiaría de verdad a todos, incluidos por supuesto los futuros hipotecados.
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