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MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La organización Escuelas Católicas ha distribuido en sus centros un modelo de carta para que las familias de sus alumnos se dirijan al Ministerio de Educación y Formación Profesional mostrando su disconformidad con la modificación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que prepara el Gobierno, y que contempla, entre otras medidas, que la asignatura de Religión no cuente para la nota media.
El modelo de carta distribuido por Escuelas Católicas, al que ha tenido acceso Europa Press, se dirige a la ministra Isabel Celaá, y el firmante manifiesta no estar conforme con algunas de las medidas que incluye el "Anteproyecto de Ley de Modificación de la actual Ley de Educación", un documento que el Ministerio expone los principales objetivos de la próxima reforma, y que está sometido a consulta pública hasta el 10 de noviembre.
"Deseo mostrar mi oposición a que se inicie la tramitación de una nueva reforma de la vigente legislación básica educativa sin el mínimo y necesario diálogo y consenso", se lee en el modelo de carta de Escuelas Católicas dirigido a padres y madres, donde se califica la reforma de la LOMCE como "una modificación unilateral de la norma educativa" que contribuye a mantener "el clima de inestabilidad dentro del sistema educativo".
La carta también manifiesta el "rechazo" a que se "elimine" tanto la asignatura alternativa como la consideración académica de la asignatura de "religión confesional". "No cabe otorgar a la asignatura de Religión un estatus inferior al resto de asignaturas, tal y como ha señalado el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional", se proclama en la misiva.
"Queremos que se oiga nuestra voz", ha explicado a Europa Press el secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira. La organización ha "animado" a los directores de sus centros a difundir el modelo de carta entre profesores, padres y madres de alumnos para "participar" en la consulta pública.
La carta dirigida a Celaá también denuncia "la voluntad del actual Gobierno de "planificar unilateralmente" la programación de puestos escolares sin tener en cuenta la demanda social de las familias, ni la existencia de Centros privados concertados", y critica que el Gobierno opte por "la uniformidad por encima de la creatividad en métodos y planes pedagógicos" por pretender "vincular la autonomía de los centros al fomento de planes estratégicos y líneas de trabajo para mejorar su calidad".
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