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La semana política

Es urgente cambiar a la ministra de Justicia

Fernando Jáuregui Fernando Jáuregui
miércoles, 7 de noviembre de 2018, 08:02 h (CET)
MADRID, 6 (OTR/PRESS) Ya no sé qué tiene que ocurrir para que el presidente del Gobierno, empeñado en sobrevivir sin convocar elecciones, proceda, al menos, a cambiar lo que va clamorosamente mal. Y el Ministerio de Justicia, con todas sus connotaciones, no todas, desde luego, achacables a la ministra, es de lo que peor va. Con el Tribunal Supremo dividido con lo de las hipotecas, con el juez instructor del 'caso Cataluña' cuestionado y polémico, con la Abogacía del Estado enfrentada a la Fiscalía y a sí misma a raíz del supuesto de que desde el Ejecutivo se manipuló a la primera, con serios cuestionamientos europeos acerca de cómo los magistrados y fiscales españoles han manejado el pringoso asunto del fugado Puigdemont, parecería imposible que el panorama empeorase. Y resulta que sí, que ha empeorado.

Ha empeorado porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, última fase de apelación en la materia, ha sentenciado, y encima por unanimidad, que Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda 'abertzale' vasca no tuvieron un juicio justo en el 'caso Bateragune', en el que se acusaba a los condenados --seis años y medio de prisión para Otegi-- de intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna. Inmediatamente tras esta sentencia, tanto el propio Otegi y portavoces del 'abertzalismo' como otros voceros relacionados con el separatismo catalán, comenzando por el vicepresidente de la Generalitat y jefe de Esquerra mientras Junqueras siga en prisión, Pere Aragonés, han insistido en que los jueces españoles están fuertemente cuestionados en Europa y no han olvidado añadir que España ya no es un país democrático.

Urge, pues, que España emprenda una ofensiva de imagen, basada en hechos, que disipe unas peligrosísimas nieblas que pretenden que no seamos un país tan democrático como el que más en nuestro entorno europeo. Y eso, simplemente, no se puede hacer desde un Gobierno en el que se ampara la permanencia de la actual ministra de Justicia, y perdón por señalar.

En primer lugar, conste que, para mí, lo más grave no son los silencios cómplices de la ministra Dolores Delgado en el 'caso Villarejo'; ni sus complicidades con algún ex juez; ni sus rivalidades con otros miembros del Gobierno de mayor altura, pienso, que ella; ni su pésimo entendimiento con el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial. Creo que Dolores Delgado ha sido víctima de una cacería por parte de desaprensivos y que no es ella solamente la única a cazar en este juego siniestro del 'Españagate'.

Es, simplemente, una cuestión de eficacia: una ministra de Justicia que apenas tiene trato ya no solo con los magistrados más relevantes, sino ni siquiera con buena parte de sus colegas los fiscales, que tiene planteada una huelga general de togados para dentro de poco más de una semana, que no tiene tiempo para pensar en su Ministerio porque está, lógico, obsesionada con evitar ser abatida por los cazadores siniestros, no puede ser quien idee y ponga en marcha esa ofensiva de comunicación ante el interior y el exterior y, menos aún, quien introduzca los cambios imprescindibles en el fucionamienrto de la maquinaria.

Porque, claro, esa ofensiva de 'concienciación' ha de dirigirse no solo hacia fuera de nuestras fronteras, sino también hacia el interior, hacia un país que ha involucionado gravemente, hacia una oposición que predica sin disimulos 'mano dura al máximo' para con los presos catalanes, y no solo para con ellos, hacia una opinión pública que mayoritariamente cuestiona (y, desde un punto de vista sentimental, se comprende) que se plantee el fin de una prisión provisional que dura demasiado y hasta que se debata sobre posibles e hipotéticos futuros indultos a los golpistas.Los españoles hemos de comprender que las mayoritarias posiciones 'cerradas', heredadas del anterior Gobierno y no compartidas por el actual, sin que, sin embargo, este sea capaz de explicar con claridad sus planteamientos, nos están granjeando muy mala prensa en importantes sectores europeos. Desde luego, en el de la Justicia. Y en no pocos medios de prensa, donde los enemigos del estado brujulean con mucha más habilidad que nuestros representantes oficiales.

Y eso, ni la mirada 'feroce' de la vicepresidenta cuando quiere hacer comulgar con ruedas de molino a la ciudadanía, ni las trampas dialécticas del propio presidente, ni los malabares del 'socio', ni, desde luego, los balbuceos de la señora Delgado, son lo bastante contundentes como para contrarrestarlo. Es hora de que las cosas empiecen a cambiar en la política de este país, en el engranaje de los poderes de Montesquieu y en el interior de esos poderes mismos. Si hemos dicho que María Dolores de Cospedal no podría seguir siendo presidenta de la Comisión de Exteriores del Congreso ni un día más, por aquello de no manchar la ya algo ajada 'marca España', con más razón diremos que la señora ministra no puede seguir en el cargo ni asistir a un Consejo de Ministros más. Es el prestigio, la imagen, de España lo que está en juego. Y me temo que eso es lo que nos están diciendo desde Estrasburgo, aunque la señora Delgado nada tenga que ver con aquel Bateragune ni con tantas cosas que, pobre, ha heredado y ahora no puede, simplemente no puede, gestionar. Lo anormal no es que otro miembro del Ejecutivo, y serían tres, tenga que marcharse: lo anormal sería que, con este panorama, permaneciese.

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