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MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Adif Alta Velocidad omitió al Tribunal de Cuentas un contrato para explotar 72 aparcamientos en 51 estaciones por valor de 140,8 millones de euros, según ha informado este lunes a las Cortes Generales la presidenta del órgano fiscalizador, María José de la Fuente.
Durante su intervención ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, De la Fuente ha señalado que esta empresa fue la autora de las dos diferencias más significativas a la hora de comunicar importes al Tribunal para su debida fiscalización.
Esta circunstancia se relata en el 'Informe de fiscalización de los contratos de cesión, arrendamiento o enajenación de bienes inmuebles y derechos de la propiedad incorporal más significativos formalizados por las empresas estatales durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015', presentado por De la Fuente este lunes en el Congreso.
CONTRATOS NO REMITIDOS Y DESVIACIONES
En total, cinco empresas que habían tenido operaciones de cesión, arrendamiento o enajenación de bienes inmuebles no remitieron esa información al Tribunal, por lo que en las relaciones de contratos rendidos al Tribunal faltaron contratos por importe de 19,4 millones.
Asimismo, al menos otras cinco empresas remitieron esas relaciones con desviaciones respecto al importe real de los contratos, tanto desviaciones negativas, por importe total de 164,5 millones, como positivas, por 6,5 millones.
La más relevante en este último caso, ha señalado la presidenta del órgano fiscalizador, también corresponde a otro contrato de Adif-Alta Velocidad, que se remitió al Tribunal con un importe inferior en 4,4 millones al real del contrato.
"RIESGO DE FAVORECER A DETERMINADOS LICITADORES"
En su informe, el Tribunal lamenta que la "falta de claridad en los pliegos y en el procedimiento de licitación" de este contrato, señalando que preveían la posibilidad de presentar ofertas económicas para distintos plazos de duración del contrato.
Para poder comparar entre ofertas de diferente plazo, relata la fiscalización, se preveía la desactualización de las ofertas presentadas, indicando la tasa aplicable pero no la manera de realizar la desactualización.
"Esta falta de claridad en los pliegos y en el procedimiento de licitación supone una merma en la transparencia del procedimiento y un riesgo de que se pueda elegir el procedimiento de desactualización de manera arbitraria para favorecer a determinados licitadores", señala el informe.
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