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MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El PSOE lleva a debate y votación, este martes, al Pleno del Congreso una proposición no de ley para convertir la extracción de un órgano para donación entre vivos en causa específica de incapacidad temporal para el trabajo, una situación a la que, actualmente, sólo pueden optar aquellas personas que sufran una "alteración de la salud derivada de enfermedad o accidente".
La iniciativa tiene visos de salir adelante ya que el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha adelantado este lunes su apoyo a la iniciativa socialista.
En concreto, el texto del PSOE denuncia que, a pesar de que la donación de órganos en vida ya está asentada en el sistema español desde hace unos años --supone el 11% del total de trasplantes según la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)-- no tiene regulada la asistencia y protección socio-laboral.
Tanto la ley como el decreto que regula la donación de órganos en el país sólo recogen que se deberá proporcionar al donante vivo asistencia sanitaria para su restablecimiento, mientras que la Ley General de la Seguridad Social, señala que una incapacidad temporal requiere la alteración de la salud derivada de enfermedad o accidente. Unos texto que, a juicio del PSOE no garantizan los derechos de los pacientes.
SIN PENALIZACIONES EN CONTRATACIÓN O RENOVACIÓN
Para los socialistas la Ley de Seguridad Social es "restrictiva" y podría entenderse por este texto "que el donante, al no estar enfermo previamente ni haber sufrido accidente, no reúne tal requisito, con lo que no podría disfrutar de la baja laboral ni la prestación correspondiente, de manera que puede verse obligado a someterse a la extracción durante el período vacacional".
Ante esta situación, la iniciativa reclama que los donantes vivos puedan acogerse a este supuesto y que también disfrute de la prestación monetaria de la Seguridad Social durante la extracción del órgano y su posterior recuperación.
Además, la proposición no de ley, firmada por el diputado por Málaga Miguel Ángel Heredia, pide que se garantice que el cambio en las circunstancias de salud que puede sufrir una persona debido a su condición de donante en vida no conlleve penalizaciones en la contratación o renovación de seguros o préstamos.
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