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MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Las adolescentes de los institutos de Senegal sufren un nivel preocupante de abusos y acoso sexual por parte de profesores y otros trabajadores de los centros, según un informe de la ONG Human Rights Watch, que teme que el número de víctimas sea aún mayor por el tabú y el estigma social que suele ir asociado a este tipo de casos.
HRW ha aplaudido las medidas adoptadas por las autoridades senegalesas en los últimos años para fomentar la escolarización de las niñas, pero ahora ha considerado que es momento de tomar medidas frente a una violencia sexual que el propio Gobierno reconoce como "un grave problema".
"Muchos profesores se aprovechan y acosan impunemente a sus estudiantes, que toleran los abusos sexuales para progresar en el instituto", ha afirmado el investigador Elin Martínez, autor del informe 'No es normal: explotación, acoso y abuso sexual en escuelas secundarias', basado en entrevistas a más de 160 niñas y mujeres jóvenes y a más de 60 padres, psicólogos, activistas y funcionarios de cuatro regiones distintas.
La ONG ha constatado casos en los que los profesores se aprovechan de su posición de autoridad para mantener relaciones sexuales con su alumnas a cambio de dinero, comida, teléfonos móviles, ropa o incluso una subida de las notas académicas. Algunas de las personas entrevistadas llegan a describir como "relaciones" lo que en realidad supone un abuso de poder, con las consecuencias que ello conlleva.
HRW ha recordado que los abusos de alumnos están castigados por las leyes senegalesas con hasta diez años de cárcel y ha puesto el foco también en que, si las víctimas se quedan embarazadas, sufren un doble castigo al ser expulsadas del centro educativo de forma permanente.
Aissatou, de 16 años, cuenta cómo un día el profesor le pidió que fuese a su casa, donde le ofreció dinero. "Cuando le dije que no, se puso desagradable, (me dijo que) no iba a ponerme buenas notas", explica esta joven, que sufrió en primera persona las perversidades del machismo en las aulas.
Lalia Mané es profesora y activista y explica que a sus alumnas les insta a denunciar cualquier tipo de medida de presión por parte de los docentes. Sin embargo, HRW ha comprobado que su caso es una excepción y que no existe una política a nivel nacional para combatir el acoso en institutos.
Muchas de las víctimas son consideradas responsables de los abusos que sufren e incluso algunas no tienen claro qué puede constituir un abuso. Tampoco existe un sistema confidencial que facilite las denuncias, lo que sumado a la carga social asociada a los delitos sexuales no hace sino contribuir al silencio generalizado.
Martínez ha instado al Gobierno a "terminar con la cultura del silencio en torno a los abusos de profesores, alentar a las niñas a hablar y enviar un mensaje inequívoco a toda la comunidad educativa para dejar claro que no se tolerará la violencia sexual sobre estudiantes".
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