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Ecología y medio ambiente

Alargar la vida de las centrales hasta 60 años no puede hacerse sin consulta pública, según el Convenio Aarhus

miércoles, 17 de octubre de 2018, 17:47 h (CET)
Alargar la vida de las centrales hasta 60 años no puede hacerse sin consulta pública, según el Convenio Aarhus
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus ha establecido que los gobiernos deberán evaluar el impacto ambiental y consultar a la sociedad antes de tomar la decisión de ampliar la vida de las centrales nucleares de 40 a 60 años.

La medida llega tras una denuncia de Greenpeace ante el Convenio en Países Bajos por la extensión de la operación de la central nuclear de Borssele (Holanda). Las decisiones de este comité que vela por el cumplimiento del Convenio de Aarhus son extensivas a los países firmantes del convenio, de modo que la ONG avisa al Gobierno de España que ahora "será obligatorio" realizar un debate sobre la extensión o el cierre programado de la vida operativa del parque nuclear.

La decisión del comité concluye que la operación de una central nuclear no puede extenderse de 40 a 60 años sin la posibilidad de efectos ambientales significativos, y por ello debe realizarse una evaluación de impacto ambiental con la preceptiva consulta pública.

La ampliación de la operación de la central nuclear de Borssele fue autorizada por el Gobierno de Holanda sin una evaluación de impacto ambiental. El pasado viernes la ACCC remitió sus conclusiones a Greenpeace y, desde entonces, son legalmente válidas, aunque serán confirmadas en la Séptima Reunión de las Partes que se celebrará en 2021.

En España, Greenpeace ha solicitado en varias ocasiones a los distintos departamentos que ahora aglutina el Ministerio para la Transición Ecológica, que solicite un estudio de impacto ambiental para tomar su decisión de ampliar la vida de una central, aunque en España, en el caso de Garoña, esa extensión nunca llegó a autorizarse.

En definitiva, la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace España, Raquel Montón, ha apuntado al Gobierno que si decide ampliar la licencia de explotación de las nucleares, además de todas las medidas de seguridad e inversiones, deberá exigir un estudio de impacto ambiental y la participación pública en el proceso.

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