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El organismo no proporcionará respuestas individuales
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Los accionistas y acreedores afectados por la resolución de Banco Popular que solicitaron ser escuchados ante la Junta Única de Resolución (JUR) podrán presentar sus comentarios por escrito ante el organismo entre el 6 y el 26 de noviembre, en el marco del proceso que determinará si deben ser compensados.
Según comunicó la presidenta del organismo, Elke König, este lunes, durante la primera fase del proceso se recibieron alrededor de 12.000 expresiones de interés entre accionistas y bonistas.
La JUR ha anunciado hoy que la evaluación de la elegibilidad de las partes registradas en la primera fase del proceso casi ha finalizado, por lo que la segunda etapa, en la que los afectados podrán enviar sus comentarios sobre la decisión preliminar del organismo de no compensarles, se iniciará el próximo 6 de noviembre.
Ese día, los registrados elegibles o su representante recibirán un enlace personal único por correo electrónico a un portal online, que permanecerá abierto hasta el lunes 26 de noviembre a las 12.00 horas CET.
La JUR revisará y evaluará todos los comentarios recibidos para tomar una decisión final sobre si se debe otorgar o no una compensación a los accionistas afectados. Debido a la gran cantidad de partes involucradas en el proceso, no se proporcionarán respuestas individuales.
El organismo que preside Elke König decidió de forma preliminar el pasado mes de agosto no compensar a los afectados por la resolución de Banco Popular ya que, según el informe 'Valoración 3' elaborado por Deloitte, los accionistas y bonistas habrían sufrido mayores pérdidas si la entidad hubiera continuado con un procedimiento normal de insolvencia.
No obstante, antes de tomar una decisión formal, la entidad comunitaria debe escuchar a los afectados en el citado proceso. En la tarde de ayer, König se mostró "confiada" en que en la segunda fase no recibirán 12.000 comentarios y rechazó definir como "quejas" las expresiones de interés recibidas.
La resolución de Popular afectó a más de 300.000 personas y muchas de ellas aceptaron la solución ofertada por la entidad comunitaria. Sin embargo, actualmente hay en marcha un recurso de anulación contra la resolución de la JUR ante el Tribunal General de la UE (TGUE), un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del FROB en la Audiencia Nacional, una querella en la vía penal ante el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, una reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y numerosas demandas individuales por la vía civil.
Además, algunos afectados han denunciado la decisión de la JUR de no publicar un informe de valoración definitivo sobre la resolución de Banco Popular, ya que el informe 'Valoración 3' utiliza el supuesto de que el banco está siendo liquidado, mientras que el informe 'Valoración 2' definitivo, que no se realizará, es el que analiza su valor con los datos a fecha 6 de junio de 2017, antes de que el banco entrase en resolución.
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