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MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El presidente guatemalteco, Jimmy Morales, ha asegurado este martes que su decisión de no renovar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) se debe a que la misión es una "amenaza para la paz" en el país.
"El ideal de la CICIG, lamentablemente, se perdió en el marco de la burocracia de Naciones Unidas y en el culto a la persona que, por principio, nunca debe ser mayor que la institución que representa", ha aseverado durante su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas.
"La CICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala. La CICIG ha montado un sistema de terror, un sistema donde al que piensa diferente se le persigue, se le investiga", ha manifestado durante su intervención. "Lo cierto es que hoy Guatemala está polarizada como no lo había estado en décadas. Hay quienes dicen que ni en el conflicto armado que vivió el país en la década de los 80 había esta polarización", ha lamentado.
El dirigente ha indicado que algunos "grupos de personas con pensamientos extremistas han querido aprovechar la bandera de la lucha contra la corrupción aplaudiendo persecuciones selectivas que se han hecho más que manifiestas por una CICIG sesgada ideológicamente" y ha insistido en que en Guatemala "no queremos más enfrentamientos sino justicia y paz".
En este sentido, ha señalado que los motivos para no renovar el mandato de la misión anticorrupción de la ONU se centran en el hecho de que ésta "violó la Constitución, las leyes y su acuerdo de creación excediéndose en su mandato, manipulando la justicia y atentando contra la presunción de inocencia".
Además, ha acusado al jefe de la CICIG, Iván Velásquez, de "entrometerse en los asuntos internos del país, politizar la justicia y judicializar la política", así como de crear "una atmósfera de inestabilidad que vulnera la seguridad" en Guatemala.
No obstante, ha hecho hincapié en que "el país ha actuado de buena fe en todo momento y mantiene su convicción de que las controversias pueden solucionarse en armonía por medio del diálogo".
Morales ha pedido al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, llegar a un acuerdo para nombrar a un nuevo comisionado de la CICIG en sustitución a Velásquez "para poder realizar los traslados de las capacidades técnicas a las instancias correspondientes".
Hace unas semanas la Administración de Morales prohibió el ingreso en Guatemala de Velásquez tras acusar a la misión de sembrar el "terror judicial" y a su jefe de atentar "contra el orden y la seguridad pública".
Naciones Unidas anunció, por su parte, que enviaría un nuevo jefe adjunto para dirigir la CICIG ante la negativa del Gobierno de aceptar el regreso de Velásquez, un jurista y diplomático de 63 años.
La decisión de Morales de no renovar el mandato de la misión de la ONU, que expira en septiembre de 2019, ha provocado ya importantes movilizaciones de indígenas y organizaciones sociales en contra del presidente y en un intento por parar dos iniciativas en el Congreso: una que quiere darle potestad sobre los desafueros al Legislativo --dominado por los aliados de Morales-- y otra que busca permitir a los casi 80 diputados tránsfugas del oficialismo adherirse a un nuevo partido político para las elecciones del próximo año.
El tándem formado por la Fiscalía y la CICIG ya dio la batalla con el anterior Gobierno. Otto Pérez Molina tuvo que dimitir el 2 de septiembre de 2015 --cuatro días antes de las elecciones presidenciales-- por un escándalo de defraudación aduanera. Él, su antigua vicepresidenta y otros ex altos cargos están siendo juzgados por ello.
La CICIG se creó por virtud de un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la ONU que entró en vigor en 2007 para un periodo de dos años que se ha prorrogado cinco veces. La última prórroga expirará el 3 de septiembre de 2019, por lo que la CICIG cuenta con un año para "hacer la transferencia de las capacidades técnicas a las instituciones guatemaltecas".
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