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MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Una relatora especial de Naciones Unidas ha aplaudido este martes que el acuerdo de paz entre Eritrea y Etiopía y ha recalcado la necesidad de que Asmara ponga en marcha una serie de reformas para mejorar la situación de los Derechos Humanos en el país.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Derechos Humanos en Eritrea, Sheila Keetharuth, ha recordado que tanto el presidente eritreo, Isaias Afewerki, como el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, han sostenido que el fin del estado de guerra tendrá un impacto positivo sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.
"Durante los últimos 17 años, el Gobierno de Eritrea ha mantenido un férreo control sobre el país, reprimiendo cualquier forma de debate y participación pública", ha indicado en un comunicado.
Así, ha expresado su preocupación por las informaciones en torno al arresto el lunes de un exministro de Finanzas que recientemente publicó dos libros sobre la situación en el país y ha resaltado que "de confirmarse (...) se sumaría a las preocupaciones sobre la posibilidad de que las mejoras de las relaciones exteriores de Eritrea no se estén viendo reflejadas en el interior, especialmente en lo referente a los derechos y libertades fundamentales".
Keetharuth ha manifestado que "son necesarias reformas exhaustivas a nivel interno para un camino hacia una sociedad libre, justa y democrática en la que los ciudadanos disfruten de sus Derechos Humanos". En este sentido, ha pedido medidas al Gobierno en "tres áreas concretas en las que es más necesaria una rectificación".
"Lo primero es que las familias de los desaparecidos en prisiones eritreas deben ser informados sobre el paradero de sus seres queridos", ha dicho, antes de criticar que "un gran y desconocido número de personas sigue encarcelada en Eritrea, en ocasiones por periodos excesivamente largos".
La relatora especial de la ONU ha pedido que tanto estas personas como tras detenidas "más recientemente" sean llevadas ante los tribunales "con urgente" o sean liberadas "de forma incondicional y sin más retrasos".
El segundo punto de las reclamaciones formuladas por Keetharuth hace referencia a la aplicación de la Constitución, pendiente desde 1997, para crear "un sólido marco legal y una sociedad gobernada por el Estado de Derecho".
Por último, Keetharuth ha pedido que los miles de eritreos que han abandonado el país huyendo de las "violaciones cometidas en el contexto del servicio militar" y ha reclamado que el carácter indefinido del mismo sea revocado una vez que ha sido dado por concluido el estado de guerra.
"Que Etiopía y Eritrea hayan logrado la paz debe ser celebrado debidamente. Sin embargo, las autoridades eritreas deben aplicar urgentemente medidas audaces para fortalecer la protección y el respeto de los Derechos Humanos, la justicia y la rendición de cuentas", ha zanjado.
EL ACUERDO DE PAZ
Abiy y Afewerki firmaron el pasado 9 de julio en Asmara un acuerdo de paz que puso fin a dos décadas de "estado de guerra" entre ambos países y supuso el restablecimiento de las relaciones entre los dos vecinos. Desde entonces, ambos países han reabierto sus respectivas embajadas y se han restablecido las comunicaciones así como los vuelos entre ambos.
Desde que Abiy llegó al poder en abril convirtiéndose en el primer oromo en ocupar el cargo, Etiopía ha iniciado una serie de reformas internas que han incluido el acercamiento con los principales grupos separatistas y de oposición, a los que se retiró de la lista de organizaciones terroristas, además de la liberación de miles de prisioneros.
La elección de Abiy por parte del partido gobernante, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), tras la dimisión del primer ministro Hailemariam Desalegn fue vista como un intento por acabar con las protestas de la mayoría oromo en el país, que habían dejado cientos de muertos en los últimos años.
Los oromo y los amhara constituyen las dos etnias mayoritarias de Etiopía, pero ambas comunidades se quejaban de que no participaban en la misma medida en la toma de decisiones en el país. Hasta la llegada de Abiy, el EPRDF había estado dominado por el Frente de Liberación del Pueblo Tigray (TPLF), que representa los intereses de dicha etnia pese a ser minoritaria, reivindicando su papel histórico en la caída del régimen de Mengistu Haile Mariam.
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