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Las bombas de Arabia

Rafael Torres Rafael Torres
martes, 11 de septiembre de 2018, 08:01 h (CET)
MADRID, 10 (OTR/PRESS) Dependiendo de su ética, de su conciencia, de su ideología, un gobierno puede vender o no vender armas cuyo destino no puede ser, en puridad, sino el propio de las armas, matar, herir, destruir, y puede o no venderlas cuando, rebasando ese eventual destino, el comprador es parte en un conflicto bélico activo en el que, como sucede invariablemente, la población civil es víctima, cuando no diana, de esas armas. Pero lo que no puede hacer un gobierno es trasladar la responsabilidad (la culpa) de la venta de esas armas a los trabajadores que las fabrican, esas u otras.

Tal cosa, sin embargo, es lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez con las 400 bombas de precisión con destino a Arabia Saudí cuando, en un rapto de ética, de conciencia, de ideología positiva, anunció que cancelaba esa venta a causa de la fundada sospecha de que los proyectiles podrían ser usados contra la población yemení. Mas como esa unilateral rescisión de un contrato, bien que suscrito por el Gobierno de Rajoy, acarrearía con toda seguridad las represalias del comprador desairado, sustanciadas en la cancelación igualmente unilateral de otras compras multimillonarias a empresas españolas, entre ellas la de cinco corbetas a Navantia, los trabajadores de ésta, la inmensa mayoría aborrecedores de la guerra sin duda alguna, se han visto emplazados a abjurar de sus principios mostrando su rechazo a la cancelación de la venta de los misiles, a menos que prefirieran condenar a sus familias, unas 6.000, al hambre y a la postración en una ciudad, Cádiz, ya de suyo económicamente deprimida.

El Gobierno, según parece, ha dado marcha atrás en su propósito, pero no por la oposición de los trabajadores de Navantia, que ya anunciaban movilizaciones, sino por el canguelo que le entró de perder el AVE a la Meca, el metro de Riad y otros negocios como segura respuesta de Arabia, de modo que el rapto de ética, de conciencia, de ideología, de humanidad, ha quedado en eso, en rapto, en farol, en gesto electoral, dejando un rastro infamante, un gusto amargo en la boca de quienes, por asegurarse el cumplimiento del deber primordial e insoslayable de llevar el pan a sus hijos, han sido obligados a defender la venta de esas armas letales.

Podría España renunciar algún día al obsceno comercio de las armas, pero, entre tanto, su gobierno puede y debe ofrecer alternativas de trabajo a quienes, por frivolidad y torpeza, ha querido trasladar la responsabilidad, la culpa, de la venta de esas bombas guiadas.

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