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MADRID, 16 (OTR/PRESS) La comparecencia, a petición propia, del general Félix Sanz Roldán, director del CNI, ante la comisión de Gastos Reservados del Congreso que se ocupa de lo que coloquialmente se conoce como la de los "secretos oficiales", no acallará el ruido del oleaje provocado por el "caso Corinna", la "amiga entrañable" de Juan Carlos de Borbón, a la sazón Rey Emérito.
Las circunstancias en las que se ha producido la publicación de una entrevista grabada hace años por el ex comisario José Villarejo, en la que la citada ciudadana vierte acusaciones muy graves contra el hoy Rey Mérito y también contra el CNI invita a sospechar que asistimos a la escenificación de un chantaje urdido para llamar la atención acerca de la situación de quien lleva meses en prisión preventiva acusado de diversos y graves delitos. Esa es al menos la apariencia. Pero podría haber más.
Dada la naturaleza del asunto, el caso ha entrado de lleno en la crónica política nacional. Unidos Podemos e Izquierda Unida están allegando apoyos para crear una comisión parlamentaria que investigue el caso. El radio de acción de este tipo de iniciativas es muy amplio. En el capítulo de las comparecencias el Congreso puede citar a cualquier ciudadano del que se presuma que puede aportar información. Podría ser llamado Juan Carlos de Borbón visto que al dejar de ser rey perdió la protección de inviolabilidad que la Constitución otorga al Jefe del Estado. Sí así fuera, sería otro escándalo que amenazaría seriamente el prestigio acumulado por la Corona a lo largo de la Transición y de los años posteriores. Nada tiene que ver el Rey Felipe VI en este turbio episodio, pero, ya digo, el baldón caería sobre la institución facilitando argumentos a las fuerzas políticas que se declaran republicanas o como sería el caso de Podemos y de IU que no ocultan que en su hoja de ruta figura la tala del árbol que nació y creció a partir de los que ellos llaman el "régimen del 78". Todo lo que desprestigia a la primera institución del país contribuye a hinchar el argumentario de quienes no ocultan su agenda republicana. En esa senda están también los partidos catalanes secesionistas particularmente activos contra la Corona después de que los hechos que aparejó el proceso separatista fueran tan dura como certeramente señalados por el rey Felipe VI en su ya histórico discurso del 3 de octubre de 2017.
Es mucho lo que está en juego y no todo cursa en superficie. Por eso resulta llamativa la escasa, por no decir nula atención que el Gobierno que preside Pedro Sánchez está prestando al asunto. Limitarse a decir, como dijo Isabel Celaá, ministra portavoz, que "son grabaciones antiguas que no afectan a Felipe VI" es tanto como no decir nada. O lo que es peor: no querer ver la tormenta que se avecina.
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