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MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
Alianza por la Solidaridad ha entregado este jueves 17 de mayo en la sede del Ministerio de Justicia las más de 12.500 firmas recogidas para pedir al responsable de esta cartera, el ministro Rafael Catalá, que impulse la reforma del Código Penal de forma que "no puedan volver a ocurrir" sentencias como la de 'La Manada', y que se imparta una mayor formación de los jueces en materia de violencia sexual.
En la entrega de firmas, la directora de Alianza por la Solidaridad, Ana Rosa Alcalde, y la portavoz del programa de Derechos de las Mujeres, María Salvador, han sido recibidas por la jefa de Gabinete del ministro Rafael Catalá, Pilar Ponce.
Según señala Alianza por la Solidaridad, Ponce les ha asegurado que la nueva Comisión de Codificación Penal para el estudio de un cambio del Código Penal será paritaria, después de que la anterior fuera suspendida por contar sólo con una mujer, y que el documento con propuestas para ese cambio estará listo antes de finales de junio. Se iniciará entonces un proceso que permitirá participar a la ciudadanía.
La directora de Alianza por la Solidaridad considera que las firmas recogidas ponen de manifiesto que la sociedad, y fundamentalmente las mujeres, quieren un cambio legal y real con celeridad. "Todo indica que el proceso de reforma del Código Penal llevará su tiempo pero es necesario conseguir una legislación garantista de la libertad sexual cuanto antes, porque mientras tanto sentencias como las de 'La Manada' se pueden seguir repitiendo", ha advertido a la salida del encuentro.
Asimismo, las representantes de la organización han reclamado un intenso programa de educación y sensibilización ciudadana en el que se promuevan los valores del respeto a la libertad sexual de las mujeres y el cumplimiento de los 200 millones de euros de presupuesto comprometidos en el Pacto de Estado contra la violencia de género.
Igualmente, han pedido que se ponga en marcha "con carácter de urgencia" un programa de formación para los operadores de justicia, desde la policía a la judicatura, en materia de violencia sexual, para que tengan las herramientas y conceptos necesarios para tratar los casos "de manera justa y acorde con los Derechos Humanos".
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