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MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La Abogacía del Estado estudia ya todas las hipotéticas decisiones que pueda tomar el nuevo presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, que puedan implicar ilegalidades, para recurrir de forma inmediata en los tribunales. Así, una de las posibilidades que estudia es que Torra nombre para su gobierno a personas que se encuentran actualmente en prisión o huidas de la justicia
Según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo, los servicios jurídicos del Estado se han puesto manos a la obra después del discurso de investidura de Torra, en el que ha asegurado que va a recuperar entre otros asuntos, las 16 leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional.
Además, la Abogacía analizara la posibilidad de que el presidente catalán, elegido hoy tras ser designado por Puigdemont, nombre como consejeros o en puestos de confianza a huidos de la justicia o a dirigentes catalanes que se encuentran encarcelados.
El objetivo es recurrir de manera inmediata cualquier decisión del nuevo Govern que no se ajuste a la legalidad. Sobre todo teniendo en cuenta la declaración de intenciones realizada por Torra de fijarse como objetivo la republica catalana, recuperar las leyes suspendidas por el Constitucional y de devolver a sus puestos a todos los cesados por el Gobierno de Mariano Rajoy en virtud de la aplicación del articulo 155 de la Constitución.
EXCONSELLERS
De hecho, el foco de las negociaciones entre JxCat y ERC sobre la formación del nuevo gobierno está en si debe incluir a consejeros cesados por el mencionado artículo.
Los tres exconsellers con más posibilidades de seguir si se apuesta por esta vía son Jordi Turull y Josep Rull --en la cárcel de Estremera-- y Toni Comín --en Bruselas desde finales de octubre--, han explicado a Europa Press fuentes soberanistas.
El nombramiento o no de Comín, por ejemplo, determinará la composición de los miembros de ERC en el gabinete: hasta ahora, los que estarán con toda probalidad son Pere Aragonès como vicepresidente y conseller de Economía, Ester Capella como consellera de Justicia y Teresa Jordà en Agricultura.
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