Quantcast
Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto. Noticias y opinión
Sueldos Públicos Viajes y Lugares Display Tienda Diseño Grupo Versión móvil

Columna de opinión

Reiteración delictiva

Antonio Casado Antonio Casado
sábado, 14 de abril de 2018, 08:00 h (CET)
MADRID, 13 (OTR/PRESS) Se frustró el segundo intento de convertir en 'molt honorable' a Jordi Sánchez, numero dos de la lista de Puigdemont. Estaba cantado que el provocador intento de investir a uno de los principales responsables de la trama civil del golpe resultaría tan fallido como el de Puigdemont, el anterior del propio Sánchez y el de Jordi Turull en segunda votación.

Los tres por falta de presencialidad. Como ahora. Un requisito de obligado cumplimiento a la luz del reglamento de la Cámara, la ley de la Presidencia, el dictamen de los letrados y la doctrina del Tribunal Constitucional. Sólo un permiso judicial lo podía hacer posible, por la condición de preso preventivo del candidato. Pero el juez, Pablo Llarena lo denegó este jueves en una resolución que no hace sino mantener su doctrina sobre el peligro de reiteración delictiva endosado a la eventual excarcelación de los principales responsables del "procès".

Es un argumentario ya expuesto en el auto de procesamiento y las resoluciones anteriores del magistrado. Con esta razón de fondo: "El desafío solo está puntualmente larvado y podría volver a repetirse". Los acontecimientos de las últimas semanas alimentan la sospecha y oscurecen el horizonte judicial de los veinticinco procesados (nueve de ellos en prisión).

En el caso de Sánchez, encarcelado desde el 16 de octubre por presunto delito de sedición, el peligro de reiteración delictiva ("pueden reproducirse actos con irreparables consecuencias para la comunidad") se multiplicaría si fuese investido. Ahora el juez repite la idea con otras palabras.

Dice que si llegase a ser elegido, su mandato podría orientarse "hacia el quebranto del orden constitucional por el que cualquier elector entiende que debe desarrollarse su representación democrática". Es decir, que el documentado riesgo de cargarse el orden legal vigente no afecta solo a Rajoy, al Estado, al PP, sino a los ciudadanos españoles, catalanes y no catalanes, nacionalistas y no nacionalistas, que tienen sus derechos políticos a convivir en paz, en democracia y en respeto a la ley. Y esos derechos, los de todos los españoles, insisto, no son de peor condición que los exigidos por el independentismo para Puigdemont, Junqueras, Sánchez, Rovira, etc.

Pero el discurso tramposo del secesionismo no para. Dice Torrent, presidente del Parlament, que propondrá una querella contra Llarena por prevaricación. Bueno, como si quiere proponer una tesis sobre el vuelo imposible de las brujas. Como elemento de provocación tan extravagante es lo uno como lo otro.

Más valdría que Torrent y los líderes nacionalistas se planteasen seriamente la recuperación del autogobierno con un candidato libre de cargas judiciales.

Todo tiene un límite. No podrán alimentarse eternamente del 155, el Estado represor o los presos "políticos". Las mentiras tienen las patas cortas y las falacias con fecha de caducidad.

Comentarios
Escribe tu opinión
Comentario (máx. 1.000 caracteres)*
   (*) Obligatorio
Noticias relacionadas

Los números no salen

Una Legislatura fallida

¿Reyerta tabernaria o terrorismo?

Esto también pasará

El embrollo jurídico en el que nos estamos metiendo

 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Síguenos en Google Plus    |  
© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris