|
MADRID, (OTR/PRESS)La última encuesta del Centre de Estudis de Opinió de la Generalitat (CEO) muestra claramente un desenganche de la sociedad catalana del fervor independentista. En tan solo tres meses, el 48% de votantes que quería la independencia se ha reducido al 40,8%, ocho puntos en noventa días es algo más que significativo.
Cabe preguntarse si este cambio sustancial en la opinión pública tiene que ver con la incapacidad de las fuerzas independentistas de ponerse de acuerdo para la formación de un gobierno que respete las sentencias del Constitucional, o en la discreta y correcta aplicación del artículo 155 que se está limitando a gestionar el día a día de la administración autonómica.
El enfrentamiento entre Junts pel Cataluña y ERC está resultando letal para la recuperación del autogobierno. Demostrando que los intereses partidistas y, sobre todo, los personales de Carles Puigdemont, están por encima del interés general. El esperpéntico espectáculo de los continuos viajes a Bruselas para convencer al ex president de que renuncie a la farsa de una investidura telemática está deconstruyendo el mito de los "luchadores" por la libertad del pueblo catalán, oprimido por un Estado centralista opresor y ladrón.
La prudente labor de investigación llevada a cabo por el magistrado Llarena, que ha suavizado las medidas cautelares para la segunda línea de los implicados en el comité estratégico del "proces", pese a la fuga a Suiza de Anna Gabriel, ha permitido a estos continuar con las arduas negociaciones en busca de un candidato a la Generalitat.
Si, además, desde el Gobierno de Rajoy no se cometen errores de bulto, como el de la semana pasada, pretendiendo, con la aplicación del 155, la recuperación del castellano en las escuelas públicas, es posible que la tendencia marcada por las encuestas siga su lenta marcha.
El "proces" ha dejado hondas heridas, algunas serán irrecuperables, en la convivencia entre Cataluña y el Estado. Los supuestos agravios, que el nacionalismo supo vender con tanta eficacia, están agazapados en el imaginario de la sociedad catalana y prestos a resurgir ante el menor traspiés político.
Nadie cuestiona que la Justicia deba seguir su camino y aplicar las penas correspondientes ante la subversión del orden constitucional. Pero la política tiene que hallar vías de entendimiento que permitan la convivencia y el reencuentro social. La lengua es uno de los temas que más tocan la fibra sensible de los catalanes, y cualquier modificación de la gestión, transferida a la Generalitat, como ha recordado el Constitucional en su última sentencia, debe ser objeto de negociación entre el nuevo ejecutivo de la Generalitat y el Gobierno central. Sin atajos.
A la evidente normalidad de la vida ciudadana (han prácticamente desaparecido las manifestaciones multitudinarias) se suman ahora estos datos del CEO, señalando un camino de desenganche de la tensión. Pero no hay que engañarse, el fantasma sigue ahí, a la espera de cualquier error político. Ahora, más que nunca, la "finezza" debe guiar la política.
|
