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Isaías Lafuente
jueves, 14 de diciembre de 2017, 08:00 h (CET)
MADRID, 13 (OTR/PRESS) La Fiscalía de Valencia investigará el caso de Carles Recio, un individuo que se pasó diez años sin aparecer en su puesto de trabajo en la Diputación Provincial. Son los actuales responsables de la corporación quienes han trasladado al fiscal el expediente disciplinario que le abrieron el pasado verano, antes de despedirlo, por si su contumaz inactividad pudiera ser constitutiva de delito. A la vista de los hechos narrados en el expediente, no son necesarios fiscales para concluir que esta persona es un caradura de calidad granítica, aparte de un descarado ladrón que se llevaba cada mes un suculento sueldo -45.000 euros anuales- a cargo de los contribuyentes sin pisar su despacho. Pero la Diputación pide que se investigue además "si el puesto creado en 2006 a su medida era necesario y si los entonces responsables de la Diputación eran conscientes de que no iba a trabajar". La segunda es una pregunta retórica, porque cualquier trabajador, público o privado, sabe que una ausencia inexplicada, no ya de diez años sino de un par de días, hace saltar las alarmas en cualquier lugar serio con responsables serios al frente. Aunque sólo sea para preocuparse por la salud del ausente.

El asunto puede parecer una anécdota, pero ilustra muy bien uno de los males extendidos en las últimas décadas en nuestra democracia. Y este no es, con ser muy relevante, el de la existencia de jetas profesionales que han prosperado en nuestras administraciones como florecillas en primavera, llevando en muchos casos su actuación a los territorios del delito. El problema es el ecosistema en que esta mala hierba ha extendido sus raíces sin que nadie la segase a tiempo. Son los colaboradores necesarios que, por acción u omisión, han permitido sus tropelías. Responsables públicos que nunca llegaron a sentarse en el banquillo porque nadie consideró que no ver o no saber fuese delito, pero que tampoco asumieron la evidente responsabilidad política que supone dejar campar por sus respetos al delincuente en las instituciones sin detectarlo y sin controlarlo, como es su obligación.

Ahora pongan ustedes nombre a los ejemplos. No les costará mucho encontrarlos. Y deconstruyan después conceptos jurídicos como malversación, financiación ilegal, prevaricación, fraude fiscal, soborno, apropiación indebida, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito... Es, sencillamente, robo. Y el fruto del latrocinio son nuestros impuestos, esos que tan bien controlan quienes después se olvidan de vigilar a los autores de la rapiña.

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