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Más que palabras

Diada rito y liturgia

Esther Esteban Esther Esteban
miércoles, 13 de septiembre de 2017, 08:00 h (CET)
MADRID, 12 (OTR/PRESS) "Había cuatro lonas diferentes: una con el lema Referéndum es democracia, otra alusiva a los atentados yihadistas de agosto -Paz y libertad- y otras dos con enormes Síes -a la independencia- escritos en varios idiomas. A última hora se sumó una enorme estelada que también circuló sobre las cabezas de los asistentes. Se suponía que todas las pancartas debían confluir en las esquinas del paseo de Gracia, pero la imagen final, pensada como siempre para la televisión, fue bastante caótica. Era difícil reconocer el "símbolo positivo" que la organización buscaba dibujar, y que debía representar "la democracia y la libertad". Esta descripción recogida por los periódicos de lo que debía constituir el rito y la liturgia de la Diada se convirtió en una metáfora del caos que se está produciendo dentro del mundo de los independentistas en su locura hacia ninguna parte. Vimos como los activistas, con la cara tapada, quemaban banderas españolas, francesas y fotos del Rey. Vimos a las diputadas de la CUP Anna Gabriel, y a la portavoz de Arran Mar Ampurdanès, instar a la desobediencia y a ocupar las calles. Pero se dio la paradoja de que, como la quema de las banderas española, francesa y de la Unión Europea se hizo durante la manifestación por parte de dos encapuchados y no había presente ningún periodista para registrar la imagen, fueron los propios miembros de Arran los que colgaron un vídeo en las redes sociales. ¡Lo que no se ve no existe! debieron pensar y quisieron que las redes recogieran el momento de la "quema" como símbolo de su forma incendiaria de entender la política.

"Ya sobre el escenario, la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, rompió un auto del Tribunal Constitucional en el que se advertía la suspensión del Referéndum del 1 de octubre mientras que Aitor Blanc, concejal de Som Gramenet en Santa Coloma (Barcelona), rompió una foto de Felipe VI. Blanc ya estuvo imputado por la Audiencia Nacional junto con otras cuatro personas por quemar fotos del monarca en la Diada del año pasado pese a que la causa quedó archivada "se relataba en las crónicas del acto ¡qué grandes demócratas!

Esta Diada ha sido una más, pero más allá de la guerra de cifras -que en el mejor de los supuestos para los independentistas el número de participantes va en descenso cada 11 de septiembre- la pregunta no puede ser de quién es la calle, porque las calle es de todos los demócratas y desde luego ese carnet no lo reparten quienes dieron una lección de totalitarismo en toda regla en esa bochornosa sesión parlamentaria de la patéticamente desconexión.

Puigdemont, Junqueras y Cía han cruzado todas las líneas rojas y han lanzado un jaque a España, en un intento de romper la unidad mediante la consulta soberanista que, se miré por donde se mire, conculca entre otros muchos los artículos 1 y 2 de la Constitución. En ellos se dice, textualmente que "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado" y que "La constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas".

No hay que ser un constitucionalista experto para ver, claramente, que el desafío rompe con ambos principios y la pregunta es ¿ahora qué?. Alguna vez he recordado que José Luis Rodríguez Zapatero, en su traspaso de papeles a Mariano Rajoy le advirtió, seriamente, que los problemas no le vendrían por el fin de ETA, ni por el País Vasco sino por Cataluña y que pusiera toda su atención en los pasos de Más y los suyos. Debe ser de las pocas, por no decir la única predicción que se ha cumplido del anterior presidente del gobierno pero, sea como fuere, el desafío está aquí y es la hora de que los constitucionalistas y de arropar a los alcaldes que no están dispuestos a violar la Constitución a pesar de las amenazas.

El acoso al que están siendo sometidos los alcaldes socialistas por orden expresa de Puigdemont, que ha instado a coaccionar a quienes se nieguen a poner las urnas es antidemocrática y vergonzosa. Todos los partidos constitucionalistas deben apoyar a quienes son leales a la Constitución e impedir el hostigamiento que se les está haciendo desde la Generalitat. "Que la alcaldesa de Hospitalet haya tenido que pedir a Puigdemont que deje a los alcaldes en paz indica el grado de degeneración autoritaria en que han de desarrollar su trabajo cotidiano. No puede llamarse a eso democracia", editorializaba El Mundo.

Cuando escribo esta columna salta la noticia de que el Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley de ruptura de Cataluña, algo que supone su suspensión ¡faltaria más!. Estamos en un estado de derecho y quienes se sitúan en la equidistancia planteando que es la hora de la política y no de la legalidad le hacen no solo el caldo gordo a los independentistas sino un agujero importante a lo que es el sistema democrático del que nos hemos dotado entre todos. La única salida digna a todo esto es que hablen las urnas en una nuevas elecciones catalanas.

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