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MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Aproximadamente medio millón de personas han sido privadas de acceso a servicios sanitarios en la provincia afgana de Laghman, en el este del país, en los dos últimos meses, tal y como ha publicado un informe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Entre esas 500.000 personas, se calcula que unos 70.000 niños se han quedado fuera de las campaña sanitaria nacional para la inmunización contra la poliomielitis.
Uno de los motivos de la falta de asistencia sanitaria en la región es la injerencia de las fuerzas armadas no estatales (NSAG), que habrían amenazado a la ONG Comité Sueco para Afganistán (SCA) para forzar el cierre de 40 de sus 54 sedes en la provincia, incluida la de su capital, Mehtarlam.
"Uno de mis compañeros trabajaba como vacunador en el distrito de Chaparhar. Hombres armados entraron en el centro de salud y preguntaron por él. Entonces le dispararon. También advirtieron a la partera de que no volviera a trabajar", ha declarado el doctor Yousefzai, encargado de uno de los centros en la ciudad de Jalalabad.
"Todos estamos preocupados. Hay amenazas regulares nosotros. Cada mañana tomo un camino diferente para ir a trabajar", añade Yousefzai, que denuncia que tres de sus trabajadores fueron asesinados recientemente.
Otro de sus compañeros, el doctor Sakhi, del hospital regional de Nangarhar, ha señalado que asesinatos y ataques como ese "preocupan a los profesionales de la salud y provocan reticencia a ir y trabajar en esas áreas. Se sienten inseguros y temen ser asesinados en el centro de salud o camino al trabajo".
Después de que el Gobierno provincial se comprometiera a defender la a los trabajadores de SCA, ha reabierto 20 de las clínicas. OCHA denuncia que estos actos de coacción e intimidación por parte de la NSAG contra las ONG que prestan atención sanitaria no son casos aislados.
Las limitaciones de las ONG afectadas --contratadas por el Ministerio de Salud Pública-- y las dificultades para el traslado de pacientes, han provocado que la presión se centre en mejorar los servicios de urgencias de los hospitales, lo que, denuncia OCHA, es una estrategia de NSAG, que pretende así conseguir que sus combatientes puedan tener mejor tratamiento.
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