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MADRID, (OTR/PRESS) No, no estoy hablando de Esperanza Aguirre, que está recibiendo presiones en grado uno de su partido. El que tiene que dejar el cargo es el Fiscal anticorrupción Manuel Moix. Sino se va o lo cesan quedará dañada de forma irreparable la solvencia y el crédito del Ministerio Fiscal tan en cuestión por lo sucedido con el presidente de Murcia y el baile de nombramientos de fiscales afines a la causa, la del PP por supuesto.
De todo el escándalo del caso Ignacio González, tan previsible para él (de hecho se cuenta que reunió hace unas semanas a su familia más cercana, esa que también está sumida en el lodazal del desvío de dinero público, para despedirse porque iba a entrar en prisión) como para los periodistas que se preguntaban de dónde salía el dinero para comprar el ático de Estepona o su magnífico chalet de Aravaca, lo más grave, lo dramático, es la actuación de la Fiscalía. Una institución destinada a salvaguardar el bien público y común.
Antes de que se produjera el discutido nombramiento de Moix para un cargo fundamental en la lucha contra una de las mayores preocupaciones de las ciudadanos: la corrupción ya Ignacio González se lo adelantaba a su colega Eduardo Zaplana. En una conversación grabada por la UCO le comentó que el candidato les convenía porque era afín. Tan afín que cuando la UCO, que sospechaba que estaba destruyendo pruebas al ser avisado de su inminente detención, fue a su casa a por él e inició el registro de rigor se encontró con que Moix prohibía a los fiscales de la causa determinados registros.
En un acto que les honra, y que durante unos años puede bloquearles el ascenso profesional, ambos fiscales acudieron al procedimiento extraordinario de reunir a la Junta de Fiscales y doblegar al jefe Moix. Previamente también les había prohibido acusar a González y compañía de pertenencia a organización criminal. Habrá quien se pregunte cómo se denomina un grupo de familiares y amigos que se unen para saquear las arcas públicas.
Este fiscal anticorrupción no fue colocado ahí para luchar contra la principal lacra de la política nacional sino para proteger y amparar a los corruptos del PP y así ha quedado acreditado con este caso. Si no dimite por dignidad, el Fiscal General del Estado De la Maza debe cesarlo y, de paso, irse él también por consentir que el ministro de Justicia Catalá le impusiera semejante nombramiento. En cualquier democracia de nuestro entorno los tres estarían ya fuera de las instituciones.
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