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El Gobierno compara la metamorfosis que sufrirá el país con la reunificación alemana
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Los colombianos cargan 52 años de guerra en sus espaldas, un peso considerable del que empezarán a desprenderse ahora, tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, que abre una nueva etapa plagada de retos políticos, sociales, humanitarios y hasta económicos.
"Se trata de definir el futuro de un país" a partir de lo que el Ejecutivo y la guerrilla han negociado durante cuatro años en La Habana, explica el jefe de la delegación del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) en Colombia, Christoph Harnisch, en una entrevista a Europa Press.
Harnisch advierte de que, debido a las expectativas generadas por la firma de la paz con el principal grupo insurgente de Colombia, tras muchos procesos fallidos, "todo el mundo tiene la impresión de que ahora se acaba y listo".
"Pero no será así", dice. "Mucho dependerá de cómo lo acordado en La Habana se transforme en acciones concretas" porque "no todo va a funcionar como está escrito". "La implementación va a ser difícil", augura el trabajador humanitario.
Para Harnisch la clave es "priorizar", determinar cuáles son los proyectos fundamentales "para dar una señal a las poblaciones más afectadas por el conflicto armado de que su situación de vida ha cambiado" o está en vías de hacerlo.
"LA CLAVE ES LA COCA"
Las primeras intervenciones se centrarán en los antiguos territorios de las FARC para impedir que otros grupos armados que los codician desde hace tiempo acaben ocupándolos para hacerse con el control de "tráficos que son muy lucrativos".
"Es un entorno muy dinámico" en el que "los grupos que ya están involucrados en diferentes tráficos están buscando alianzas", bien entre ellos, bien con los disidentes de las FARC, o desatando una nueva guerra para conquistar estas plazas.
"Ahí la clave es la coca", sostiene tajante el ministro para el postconflicto, Rafael Pardo. "Lo que buscan otros grupos criminales es entrar a controlar territorios que tienen sembrada coca, por eso una parte fundamental es reducir el área sembrada", explica a Europa Press.
Según el último informe de la Oficina para el Control de Drogas de Estados Unidos, respaldado por el Ministerio de Defensa de Colombia, 2016 cerró con una cifra récord de 188.000 hectáreas de coca en la nación iberoamericana.
"La previsión es que este año podamos tener una reducción del 50 por ciento", esto es, eliminar unas 100.000 hectáreas, la mitad de forma forzosa, por la acción de la Fuerza Pública, y la otra mitad mediante pactos con los productores.
El acuerdo de paz da prioridad a la "política de sustitución voluntaria", que consiste en llegar a pactos individuales con cada campesino para que acceda a eliminar la coca y sembrar en su lugar algo legal.
"Es un proceso muy costoso" porque el Estado desembolsará 34 millones de pesos (unos 11.000 euros) en dos años a los campesinos que accedan a la sustitución voluntaria para ayudarles a poner en marcha sus nuevos cultivos con asistencia de todo tipo.
Y "un proceso muy laborioso" porque "hay que ir casa por casa" para convencer a los campesinos y cerrar acuerdos individuales y después regionales que se adapten al marco nacional. De momento, destaca Pardo, "ha habido muy buena receptividad".
REHABILITACIÓN "TERRITORIAL"
Las plantaciones legales son una de las mejores bazas para ofrecer a las comunidades rurales sometidas a las FARC nuevos medios de vida, si bien el Gobierno pretende desarrollar una acción "socioeconómica" más amplia que pasa por volver a implantar el Estado en las zonas rurales.
Las autoridades colombianas se han propuesto reconstruir un "mínimo institucional" que consiste en cosas tan mundanas como asfaltar y alumbrar las calles, construir escuelas y centros de salud, o formar profesores, jueces y policías.
Para rehabilitar estos territorios es vital eliminar antes cualquier amenaza para sus habitantes. Así, el acuerdo de paz incluye un plan para localizar y destruir los restos explosivos que, según cálculos del Gobierno, están ocultos en 52 millones de hectáreas.
"Hacia 2021 va a ser el desminado total", asegura Pardo. Sin embargo, para el CICR es una tarea a abordar en "décadas", "dada la enorme extensión de terreno afectado por la presencia de estos artefactos" y "la gran dificultad" de encontrarlos.
LA GRAN BÚSQUEDA
La búsqueda de los más de 165.000 desaparecidos que ha dejado la guerra en Colombia, según el registro de la Unidad de Víctimas del Gobierno, es una de las cuentas pendientes del Estado y, sin duda, uno de los mayores desafíos del postconflicto.
Hasta ahora los datos se basan en las pocas denuncias que existen porque "en muchas zonas donde hay conocimiento de casos de desaparecidos las comunidades no pueden hablar de este fenómeno de manera abierta porque tienen miedo", dice Harnisch.
Con el acuerdo de paz, las FARC deben entregar toda la información que posean sobre desaparecidos y se espera "una apertura", de modo que los testigos "puedan dar informaciones sobre casos que conocen", revelar "dónde están las fosas comunes".
Pardo afirma que Colombia está preparada para iniciar esta gran búsqueda y enfatiza que contará con la ayuda de expertos internacionales. "Hay ofertas muy importantes" de profesionales que trabajaron en la identificación de cadáveres tras las guerras de la antigua Yugoslavia.
¿EXTERMINIO?
"Uno de los temas más delicados", reconoce el ministro, es la posibilidad de que se repita la historia y los ex guerrilleros de las FARC, ya desmovilizados y desarmados, sean víctima de las represalias de grupos rivales.
Ya pasó en los años 80 con Unión Patriótica, el partido surgido de la extinta guerrilla del M-19, pero "hay circunstancias muy distintas" porque tuvo que ver "con una fuerza muy grande de cárteles de la droga y con participación de agentes del Estado que hoy no es así".
No obstante, Pardo admite que "los temores pueden estar justificados" por la reciente ola de asesinatos de líderes sociales y los paramilitares, que siguen presentes como "grupos armados que atentan contra la estabilidad del proceso de paz".
VUELTA A LA VIDA CIVIL
La prueba definitiva del éxito del postconflicto será la plena integración de los 7.000 miembros de las FARC en la vida civil. Unos pocos, la cúpula insurgente, saltará a la arena política tras la conversión de la guerrilla en partido.
Los demás, la inmensa mayoría, tendrán que encontrar su propio camino. En las zonas donde se han concentrado hasta su completa desmovilización, "se ha comenzado un censo para saber cuál es la condición educativa y la vocación" de casa guerrillero, detalla Pardo.
"Las FARC prefieren que sean opciones colectivas de reincorporación, pero, por supuesto, la libertad individual prima, por lo que pueden optar por cualquier opción. El propósito es que puedan tener un horizonte productivo, un horizonte digno", recalca.
UN PLAN A 15 AÑOS
El Gobierno de Juan Manuel Santos se ha fijado "un horizonte de 15 años" para hacer realidad los acuerdos de paz y trabaja en estos momentos en un "plan marco" que verá la luz en unos meses.
Los costes aún no están claros. "Este año se van a destinar al postconflicto 7,1 billones de pesos (unos 2.300 millones de euros)" y la Casa de Nariño calcula que la cifra total "tal vez sea diez o doce veces eso".
Se trata de "un esfuerzo inmenso en términos de recursos humanos y recursos financieros", destaca Harnisch, pero también de "voluntad política" porque hay divergencias sobre el camino a seguir que se han exacerbado con el horizonte electoral de 2018.
Pardo admite incluso que el desafío al que se enfrenta Colombia es similar al de la reunificación alemana. "Alemania tenía que nivelar otra parte de Alemania. Colombia tiene que equilibrar el nivel de vida de la población campesina".
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