|
MADRID, 22 (OTR/PRESS) A falta de novedades en la tormentosa relación entre Moncloa y los valedores del independentismo, nos enredamos en un debate gaseoso sobre si hubo o no hubo encuentro cara a cara entre el presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, y el de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont, si hubo o no voluntad de mantenerlo en secreto, si la iniciativa fue del uno o del otro y, en su caso, quien lo filtró.
Ha sido la comidilla de las últimas horas en medios periodísticos y políticos. Sin embargo, hemos hablado poco o nada sobre si el encuentro, en caso de que se hubiera producido -parece que sí-, generó algún elemento capaz de alterar las posiciones de una y otra parte.
La respuesta es palmaria. No. No es no. Nada nuevo. Ningún cambio en las posiciones. Seguimos donde estábamos. Una parte que quiere negociar pero incluyendo la cuestión del referéndum y otra parte que quiere negociar pero excluyendo la cuestión del referéndum. A partir de ahí, tanto da si hubo o no hubo reunión o si fue más o menos discreta.
Ya sabemos que la hubo, el 11 de enero, en Moncloa, a petición del presidente del Gobierno, al objeto de persuadir a Puigdemont de que debía asistir a la Conferencia de Presidentes autonómicos convocada para seis días después. Y ya sabemos, en fin, que el president se negó en nombre del "hecho diferencial" y que, en definitiva, el encuentro sirvió para constatar la lejanía de ambas posiciones.
Ahí seguimos. Con una de las partes pidiendo al Gobierno que eche una mano en la demolición del Estado. Y con la otra diciéndole a los nacionalistas que su propuesta es absurda. Y que, como decía el torero sentencioso, lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.
La razón está clara. Si el Gobierno Rajoy se prestase a pasar por el aro de la unilateral reivindicación soberanista, que no es de Cataluña, sino de una fuerza política concreta -ergo, discutida y discutible, por mucho que el nacionalismo se empeñe en confiscar la voluntad de todos los catalanes-, el Gobierno del Estado estaría perpetrando un agigantado acto de prevaricación.
Al fin y al cabo, se compadece con el argumento que a pequeña escala utilizaba el otro día la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, gran valedora del "dret a decidir", para oponerse a la consulta que reclaman los vecinos de Las Cortes respecto a la construcción de cierto edificio en el barrio. Alega que esa consulta es ilegal y, si la autorizase, estaría prevaricando.
A ver si la doctrina Colau se contagia a sus socios del Pacto por el Referéndum. A Puigdemont le sobraría decir que "la democracia española está enferma" si los jueces empapelan a Artur Mas. Y nos hubiéramos ahorrado el momento de sofocante vergüenza ajena que nos produjo esa senadora de ERC que acusó a Rajoy de haber creado un GAL contra Cataluña.
|
