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MADRID, 18 (OTR/PRESS) Poco antes de iniciarse en el Senado la reunión de la Conferencia de Presidentes, una ráfaga de viento abatió las banderas de las comunidades autónomas izadas en la Plaza de la Marina Española de Madrid. Solo dos permanecieron en pie: la de Asturias y la de Castilla y León. De haberse celebrado semejante cónclave en tiempos de la Antigua Roma un hecho de esta naturaleza habría sido interpretado con una señal de mal augurio. No fue así. Pese a las ausencias de los presidentes de Cataluña y del País Vasco, la reunión, celebrada tras cinco años de barbecho, constituyó un hecho político positivo. Por lo que tiene de integrador más allá de las diferencias entre los dirigentes de las diferentes comunidades.
Cosa diferente es pensar que las muchas tareas acordadas culminaran todas en algo positivo. Experiencias anteriores empujan al escepticismo. Para culminar con éxito los objetivos propuestos es imprescindible que concurran dos factores: la lealtad institucional de todos los actores y el dinero, los recursos suficientes para poner en marcha cuando menos la nueva ley de Financiación Autonómica, la estrella del encuentro.
Recursos, también, para dotar la Ley de Dependencia; para asegurar la sostenibilidad de las pensiones (14 millones y medio de pensionistas); la calidad de la Sanidad y el resto de proyectos anunciados, entre otros, el Bono social.
Lealtad con arreglo al espíritu de la Constitución que prima la solidaridad frente al egoísmo localista que bajo el discurso de la singularidad o, peor aún, so pretexto de intangibles legados identitarios, cobija una de las más rancias manifestaciones de la política: la pretensión de trato preferente de unos ciudadanos sobre otros en función del territorio en el que residen. Comer solos o comer aparte, para comer más. En éste caso, las pretensiones insolidarias de los alfiles de la burguesía catalana no deberían empantanar el desarrollo armónico del resto de España.
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