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MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
Decenas de miles de residentes en Sur, lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el sureste de Turquía, se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la "brutal campaña de represión" que el Gobierno turco ha llevado a cabo en el último año, según ha denunciado Amnistía Internacional, que ha advertido de que "podría constituir castigo colectivo".
En su informe 'Desplazados y desposeídos: el derecho de los residentes de Sur a volver a casa', la ONG ha puesto de manifiesto la "situación desperada" de familias que se han visto obligadas a abandonar Sur, el centro histórico de Diyarbakir, como consecuencia de las intensivas operaciones de seguridad llevadas a cabo a finales del año pasado y del toque de queda actualmente en vigor día y noche. Estas personas forman parte del medio millón que se ha visto desplazado por la citada campaña.
"Un año después de la imposición del toque de queda permanente en Sur, miles de personas continúan desplazadas de sus hogares, tienen dificultades para poder subsistir y se enfrentan a un futuro incierto en un clima cada vez más represivo", ha denunciado el director para Europa de Amnistía Internacional, John Dalhuisen.
"Mientras que la represión de la sociedad civil en el sureste de Turquía ha recibido una amplia cobertura informativa, los medios han prestado escasa atención al desplazamiento forzado que ha destrozado las vidas de personas corrientes con el pretexto de la seguridad", ha añadido.
VIVIENDAS DEMOLIDAS Y EXPROPIADAS
Según ha denunciado Amnistía, las viviendas de lo que antes era un distrito animado han sido destruidas por los bombardeos, demolidas y expropiadas para dar paso a un proyecto de reurbanización del que es probable que se beneficien muy pocos antiguos residentes.
Tras la ruptura del alto el fuego en julio de 2015, estallaron enfrentamientos entre personas vinculadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las fuerzas de seguridad turcas. Como respuesta a las declaraciones de "autogobierno", la construcción de barricadas y la excavación de trincheras en Sur, el distrito central de Diyarbakir, y otras ciudades del sureste, las autoridades comenzaron a imponer toques de queda de 24 horas y a llevar a cabo operaciones de seguridad fuertemente militarizadas, ha recordado la ONG.
El 11 de diciembre de 2015 se declaró el toque de 24 horas y por tiempo indefinido en seis de los quince barrios de Sur, lo que impedía a las personas salir de sus viviendas incluso para comprar suministros alimentarios o médicos esenciales. Además, el suministro de agua y electricidad se cortaba durante largos periodos, mientras las viviendas eran sacudidas por los proyectiles del Ejército y acribilladas por las balas.
Los enfrentamientos en Sur terminaron en marzo de 2016, pero el toque de queda ha persistido en extensas zonas del distrito, ha destacado Amnistía. Tras los desalojos forzosos, casi todas las propiedades han sido expropiadas por las autoridades turcas y muchos edificios han sido demolidos.
RETORNO IMPOSIBLE
Aunque el retorno es casi imposible ahora debido al toque de queda y a la destrucción, algunos residentes se han arriesgado a volver pero sólo han encontrado sus hogares allanados y sus posesiones saqueadas o destruidas, ha añadido la ONG.
Un hombre ha contado a Amnistía que la Policía les obligó a abandonar la vivienda. "Nos obligaron a salir apuntándonos con sus armas a la cabeza", aseguró, precisando que a él, su padre y su hermano les acusaron inicialmente de delitos de terrorismo, pero luego retiraron los cargos.
Una mujer que regresó a su casa seis meses después se encontró todas sus "nuestras pertenencias rotas y amontonadas en el patio". A su familia le ofrecieron una indemnización de 3.000 liras turcas (unos 800 euros) por la pérdida de sus posesiones, una mínima parte de su valor.
Según Amnistía, residentes desplazados no han podido encontrar una vivienda alternativa adecuada y asequible y tienen dificultades para acceder a servicios esenciales. Muchos perdieron su empleo al ser desplazados, y los niños han visto gravemente alterada su educación o han abandonado por completo la escuela, ha precisado.
INDEMNIZACIONES INSUFICIENTES
Las indemnizaciones totalmente inadecuadas y la falta de ayuda suficiente --o, en algunos casos, de cualquier tipo de ayuda-- de las autoridades para pagar el alquiler han sumido a familias ya empobrecidas en mayores privaciones, ha denunciado la organización.
La situación se ha visto agravada, según Amnistía, por las medidas adoptadas contra las voces de oposición kurdas tras el intento de golpe de Estado del pasado mes de julio, lo que ha dado lugar al cierre de ONG que proporcionaban un apoyo decisivo a las personas pobres y desplazadas.
Los residentes denuncian que la vigencia del toque de queda y las demoliciones de casas no se hacen por motivos de seguridad sino que forman parte de un plan calculado para reurbanizar sus barrios y reasentar a sus habitantes en otros lugares.
"En el amargo aniversario del toque de queda en Sur, gran parte de la población de este sitio patrimonio mundial se ha visto obligada a asistir a la demolición de su propio patrimonio", ha señalado John Dalhuisen.
"Lamentablemente, la desesperada situación a la que se enfrentan los residentes desplazados de Sur es similar en decenas de distritos del sureste de Turquía. El Gobierno debe adoptar medidas urgentes para levantar el toque de queda y para garantizar que las comunidades afectadas reciben una indemnización completa y ayuda para regresar a lo que queda de sus hogares o, como mínimo, a sus barrios", ha reclamado.
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