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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado las medidas contra el fraude y el delito fiscal presentadas por Ciudadanos, aunque la oposición ha recriminado a la formación naranja que haya ido "de la mano del PP" para sumar sus apoyos.
Efectivamente, la iniciativa sólo ha recabado el respaldo del PP, mientras que el resto de la oposición --PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDC-- se ha abstenido en la votación, sumando incluso más votos que los favorables.
Pese a estas críticas, la única enmienda que ha aceptado Ciudadanos a su propuesta procedía de uno de los grupos que no le ha apoyado, el PSOE, que había pedido incluir un punto en el que insta al Gobierno a "liderar de forma activa en la UE, OCDE" una "agenda ambiciosa de transparencia y armonización de la fiscalidad europea e internacional, y de lucha contra la evasión fiscal, la elusión y los paraísos fiscales".
EL FRAUDE FISCAL, UN 8% DEL PIB
El diputado de la formación naranja que ha defendido la propuesta, Vicente Ten Oliver, ha criticado la reducción de las investigaciones fiscales ante el descenso del personal y la ausencia, según ha denunciado, de un modelo organizativo en la Agencia Tributaria.
Ten Oliver, ha señalado que el fraude fiscal asciende anualmente a los 80.000 millones de euros, un 8% del PIB, y ha pedido que "la lucha contra el fraude tiene que ser la hoja de ruta del próximo Gobierno".
Paradójicamente, su apoyo para aprobar esta medida, el Partido Popular, ha defendido los 15.640 millones de recaudación en materia de lucha contra el fraude durante el pasado ejercicio, un 27% más respecto a 2014, cifrado por el diputado 'popular', José Enrique Fernández de Moya, que ha concluido que esta propuesta "redunda en la hoja de ruta puesta en marcha por el Gobierno de Rajoy".
A pesar de aceptar una de sus enmiendas, los 'socialistas' han considerado "insuficiente" esta medida. En este sentido, José Javier Lasarte, diputado del PSOE, ha preguntado a la formación naranja "si quiere ir de la mano del partido de la amnistía fiscal".
PACTAR CON EL PP, COMO CON 'EL LUTE'
En términos parecidos se ha expresado Segundo González, de Unidos Podemos, quien ha calificado de "insulto a la inteligencia" el apoyo del PP y el rechazo de Ciudadanos a sus enmiendas. "No vamos a ser cómplices de este blanqueo", ha justificado, tras criticar que el 70% del fraude queda impune y la comparativa de inspectores fiscales en España respecto a otros países (uno cada 1.958 habitantes por los 740 de Alemania y 942 en Francia).
"Nadie se cree que el PP vaya a aplicar medidas contra fraude fiscal, estando imputado por corrupción, teniendo tesoreros con cuentas en Suiza y cuando Hacienda estuvo a punto de embargarle su sede", ha enumerado el diputado, que ha concluido su intervención señalando que "pactar medidas contra el fraude fiscal con el PP es como pactar la reforma del Código Penal como 'el Lute'".
REGULAR LAS SICAV Y REVISAR LA LISTA DE PARAÍSOS FISCALES
La proposición incluye medidas referidas a la regulación de las SICAV (Sociedades de inversión de capital variable), cuyo control fiscal se pide que pase a ser responsabilidad la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT). Asimismo, pide que sólo computen para cumplir el mínimo exigido de cien accionistas para constituir una SICAV aquellos que tengan una participación superior al 0,55%.
Otra de las medidas incluidas es la de revisar la lista de paraísos fiscales a fin de incluir en ésta a "aquellos estados que no cooperan de forma efectiva con Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales". También se solicita que las sociedades que pretendan operar en España y que tengan sede en países incluidos en esta lista revelen quiénes son sus propietarios.
Por último, se insta a aprobar un Estatuto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la creación de una Oficina de Control Fiscal de Grandes Fortunas en la AEAT, así como la implementación de medidas que faciliten el uso de medios de pago electrónico para abonos de menor importe. En este sentido, se establece "el derecho" de los consumidores a pagar cualquier bien o servicio cuyo importe supere los 10 euros a través de tarjeta de crédito, reduciendo las comisiones.
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