MADRID, 9 (OTR/PRESS) Que el ministro de Justicia tenga en contra a la casi totalidad de la carrera judicial no es un hecho estrictamente inédito, pero no deja de ser irregular y pintoresco. Lo cierto es que, a los seis meses de haber iniciado su mandato en el ministerio, el señor Ruiz-Gallardón se ha ganado la hostilidad de todo el Consejo del Poder Judicial, hasta el punto de que esta animadversión parece constituir el único punto de acercamiento entre los integrantes del siempre bullicioso organismo regulador de la actividad de los jueces. ¿Tiene alguna solución tan anómala situación?

Este martes, el pleno del CGPJ se reúne tratando de encontrar, entre al menos ocho magistrados prestigiosos, al sustituto de Carlos Dívar como presidente. El proceso ha sido, como bien sabe usted, querido lector, tormentoso, por decir lo menos. Ni el procedimiento ni la propia ley son excesivamente claros en cuanto a las fórmulas de votación, y los propios miembros del Consejo se muestran muy reservados sobre sus nombres de preferencia, de manera que se prevé que la votación sea lenta y no definitiva, al menos este martes. Pero, eso sí, los veinte miembros de este organismo parecen unidos por la inquina que sienten hacia el ministro.

En cualquier caso, soplan vientos de mudanza para el Consejo del Poder Judicial, que cesa en septiembre del año próximo y, ya que estamos, para el propio poder judicial. Porque Ruiz Gallardón ha anunciado cambios radicales, de estructura y de funcionamiento, en esta institución: solo habrá un magistrado con dedicación exclusiva y los demás miembros del Consejo lo serán a título poco menos que honorífico. Y muchas de las competencias del Consejo pasarán al Ejecutivo, con lo que, dicen algunos jueces, el equilibrio de poderes diseñado por Montesquieu quedará seriamente alterado.

Es cierto que el ministro no tiene la culpa de una situación heredada ni de unas disfunciones que se remontan a bastantes décadas atrás. Pero no ha mantenido los suficientes contactos con el sector ni ha pretendido consensuar sus planes con jueces ni juristas. Y ese, básicamente ese, sea cual sea el rumbo que vayan a seguir las instituciones judiciales, es el pecado del titular de Justicia. Y de otros varios miembros del Gobierno: simplemente, no hablan bastante con la sociedad civil y sus representantes.