MADRID, 7 (OTR/PRESS) Uno de los objetivos que desde hace muchos años ha perseguido con ahínco la banda terrorista ETA y el mundo que le apoya es lo que ellos mismos llaman la "internacionalización del conflicto" consistente en hacer ver de puertas afuera que en España, y más concretamente en el País Vasco, ha habido un enfrentamiento de carácter político que exige por tanto una solución también política. Y habrá que reconocer que esa "batalla", como otras, la van ganando los terroristas sin que el Estado, con sus inmensos recursos, haya hecho poco o nada por evitarlo.

Si ya fue bastante sonrojante y humillante la celebración el pasado mes de octubre en el Palacio de Ayete de San Sebastián de la denominada Conferencia Internacional de la Paz, ahora habría que añadir la actuación de otro organismo autodenominado "Comisión de Verificación Internacional" que ha estado en Bilbao la pasada semana entrevistándose con el Gobierno Vasco y con los partidos políticos, excepto el PP, para transmitirles la supuesta disposición de ETA de empezar a hablar con el Gobierno de Rajoy sobre su desarme y de los presos.

Todo esto constituye una auténtica burla al Estado de Derecho, a los españoles y especialmente a las víctimas del terrorismo. Aquí no necesitamos a nadie venido de fuera para verificar nada con ETA. Nos basta con la Guardia Civil y con la Policía Nacional. España no es un país tercermundista. Lo que tiene que hacer la banda terrorista es disolverse para siempre, entregar las armas y ayudar a esclarecer la autoría de los mas de 300 atentados que todavía están pendientes de aclarar. El Gobierno, ¡solo faltaría!, ha hecho bien en rechazar esa "verificación internacional" y mientras que ETA no se disuelva, no hay nada que hablar con la banda terrorista, ni hay que hacer ninguna concesión en materia de política penitenciaria o de otro tipo por el hecho de que dejen de matar.

De los contactos mantenidos en Bilbao por estos "verificadores" hay dos especialmente sangrantes. Uno, el que tuvieron con el consejero de Interior del Gobierno Vasco, el socialista Rodolfo Ares. ¿Qué hace este responsable institucional del Ejecutivo autónomo entrando a ese juego? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los socialistas vascos en su desfachatez a la hora de abordar el supuesto final de ETA? Y el segundo, la presencia en una de las reuniones del Obispo emérito de Bilbao, Juan María Uriarte, que además se ha reafirmado en que la paz en Euskadi debe de llegar "sin vencedores ni vencidos". ¿Qué hace un representante de la Iglesia legitimando con su presencia ese tipo de mediaciones internacionales? ¿Está de acuerdo el Vaticano con la actuación de Uriarte o este va por libre?; ¿lo están otros obispos vascos, como el de San Sebastián, José Ignacio Munilla?