- El Ejecutivo ve "negativa" la nacionalización pero niega que sea una "situación generalizada" tras el caso Repsol-YPF

MADRID, 02 (OTR/PRESS)
"Negativa". Así es como el Gobierno de Mariano Rajoy ha calificado la decisión de Bolivia de nacionalizar la filial de Red Eléctrica Corporación. Sin embargo, ha asegurado que el Gobierno de Evo Morales ha garantizado que compensará a la compañía española por la expropiación y las inversiones realizadas en el país. Asimismo, el Ejecutivo ha negado que estemos ante una "situación generalizada" tras el caso Repsol-YPF.

El ministro de Economía, Luis De Guindos, ha sostenido, en declaraciones a la entrada de la reunión de ministros de Economía de la UE, que "lo que ha garantizado Bolivia es que se va a compensar a la empresa de los costes invertidos en la red de electricidad, lo cual evidentemente es un elemento que el Gobierno español va a vigilar" para que haya un "justiprecio" por la expropiación.

Estas garantías las ha hecho llegar el Gobierno boliviano en los contactos mantenidos con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, y de Industria, José Manuel Soria.

"Este tipo de decisiones no gustan al Gobierno español porque creemos que es fundamental mantener la seguridad jurídica en el proceso de inversiones en países como Bolivia", ha afirmado De Guindos.

Asimismo, ha subrayado que Red Eléctrica "estaba dando un buen servicio desde el punto de vista de lo que es la economía de Bolivia y los ciudadanos de Bolivia".

Pese al precedente de la expropiación de la petrolera YPF, filial de Repsol, por parte de Argentina, el titular de la cartera de Economía ha indicado que "no creemos que exista en absoluto ningún tipo de situación generalizada" en América Latina. "Son situaciones independientes", ha insistido.

"Son decisiones que son negativas fundamentalmente para los países que las toman, para los Gobiernos de los países que las toman", ha señalado. "Tienen implicaciones a medio plazo desde el punto de vista de lo que es el desarrollo económico de estos países y de lo que es la garantía de las inversiones, y las inversiones son fundamentales".

En todo caso, De Guindos ha apuntado que las empresas de capital español que trabajan en los países de América Latina "están haciendo una función y un servicio básico al desarrollo de estos países y también a lo que es el bienestar y la prosperidad de los ciudadanos".

UNA DEFENSA "HASTA DONDE SE PUEDA LLEGAR"
En esta línea, el Gobierno español ha adelantado que está dispuesto a llegar "hasta donde se pueda llegar" en defensa de los intereses de las empresas españolas en el exterior y de su seguridad jurídica.

Las fuentes consultadas han indicado que el Gobierno mantiene "abiertos" los canales de comunicación con el Ejecutivo que lidera el presidente boliviano, Evo Morales, y que se ha puesto a disposición de lo que pueda solicitar la compañía española, Red Eléctrica, para defender su intereses y proteger la seguridad jurídica de las empresas españolas en el exterior.

Han recordado, además, que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, habló el martes con su homólogo boliviano, David Choquehuanca, sobre la expropiación de la firma energética española y han reiterado que el Gobierno se mantiene "a disposición de lo que pida la empresa".

Por su parte, la Comisión Europea se ha declarado "preocupada" por la expropiación de la filial boliviana de Red Eléctrica Corporación por considerar que envía una "señal negativa" a los inversores internacionales y ha pedido al Gobierno de Evo Morales una "compensación rápida y adecuada" por la nacionalización.

"Confiamos en que las autoridades bolivianas respetarán plenamente sus acuerdos de inversión con España y garantizarán una compensación rápida y adecuada por esta expropiación", ha dicho el portavoz de Comercio, John Clancy.

Con todo, el portavoz ha insistido en rueda de prensa en que la expropiación anunciada por Morales en Bolivia "no es comparable" al caso de YPF en Argentina, cuya nacionalización ha abierto una crisis entre Argentina y España por la negativa de Buenos Aires a pagar una compensación a la española Repsol.

"No diría que hay un vínculo directo entre lo que pasa en Bolivia en concreto y lo que sucedió con Repsol en Argentina. Sin embargo, es cierto decir que, en general, es inquietante ver una situación que crea una mala atmósfera no sólo para las empresas europeas sino también para las empresas en general, en cuanto a las inversiones en países terceros", ha añadido Clancy.

El comisario de Comercio, Karel de Gucht, dirige los trabajos de un grupo de expertos para estudiar las medidas de represalia que la Unión Europea podría lanzar contra Argentina, pero su portavoz ha matizado que por el momento no se han dado los mismos pasos con Bolivia.

Fuentes próximas al grupo de expertos han advertido de que no creen que este segundo episodio "acelere" los resultados de sus discusiones, pero sí conceden que "siempre se teme" que las medidas proteccionistas que exhiben algunos Gobiernos latinoamericanos se extiendan a países vecinos.

Preguntado por este asunto, Clancy ha explicado que Bruselas trabaja en estrecho contacto con Madrid y que corresponde al Gobierno de Mariano Rajoy decidir la respuesta, que ha sido "muy clara" al señalar que espera una compensación justa por la expropiación.

CONFIANZA PARA FIJAR UN 'JUSTIPRECIO'
La principal afectada de la decisión de Evo Morales, Red Eléctrica Corporación, ha confiado en llegar a un acuerdo amistoso con el Gobierno de Bolivia para fijar un 'justiprecio' por el valor de la empresa expropiada Transportadora de Electricidad (TDE), donde la compañía española posee el 99,94% de las acciones.

"Respetamos la decisión soberana del Gobierno de Bolivia sobre la estructura del sector eléctrico del país, siempre que este proceso responda a los principios internacionales de derecho", han indicado a Europa Press en fuentes de la empresa, que han precisado, no obstante, que la compañía tiene la obligación de defender con todas sus fuerzas los intereses de sus accionistas, tanto nacionales como internacionales.

En este contexto, desde Red Eléctrica se ha resaltado que su gestión y estados financieros en Bolivia han sido auditados anualmente tanto por el síndico boliviano como por compañías multinacionales de auditoría de "reconocido

"Teniendo en cuenta que la empresa TDE fue comprada en 2002 por 91 millones de dólares, la cifra anterior supone que las inversiones, tanto las ya realizadas como las comprometidas, suponen casi el total del valor de compra, lo que refleja nuestro compromiso por el desarrollo de este país", han destacado las mismas fuentes.

Asimismo, han subrayado que estas inversiones han situado a la red de alta tensión boliviana en unos estándares de calidad reconocidos internacionalmente, como lo demuestran las mínimas incidencias por interrupciones de suministro ocasionadas por la red de alta tensión que nosotros gestionamos.

Por su parte, el vicepresidente primero de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Arturo Fernández, ha asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy debe adoptar medidas "más serias" respecto a las recientes nacionalizaciones en Argentina y Bolivia porque, de otro modo, "esto puede ser contagioso".

En declaraciones a Televisión Española, recogidas por Europa Press, Fernández ha considerado necesaria una respuesta "más contundente y más rotunda", ya que, de no hacerlo, "luego podrían venir otros países, como Ecuador o Venezuela".

"No es normal que primero la señora Kirchner haga lo que ha hecho en Argentina y ahora en Bolivia se permitan esta tomadura de pelo a los españoles, aunque la acción sea en menor medida", ha dicho el representante de los empresarios madrileños y españoles.