A las primeras de cambio, el Gobierno del Partido Popular ha sucumbido a la tentación autoritaria. Ha sido en Valencia, donde de una delegada gubernamental como Paula Sánchez de León y de un jefe de la Policía como el señor Moreno no podía, en puridad, esperarse otra cosa. A ellos alcanza en primer término el clamor por sus ceses, pero ¿qué decir de un presidente de Gobierno menos preocupado (nada, al parecer) por los excesos policiales contra ciudadanos que por el qué dirán? El hecho de que el propio fundador del Partido Popular, el recientemente fallecido Manuel Fraga Iribarne, afirmara en una memorable ocasión que la calle era suya, y que de semejante enormidad extrajera la principal idea-fuerza de su discurso político, añade inquietud ante lo sucedido en Valencia, donde se ha hecho explícito lo que permanecía latente, esa inclinación de la derecha española a confundir el orden público con el garrotazo y tente tieso.

La calle ya no es de Fraga, ni de los grises que le auxiliaron para despejarla de opositores al régimen que servía, ni, desde luego, de políticos ineptos que parecen seguir abonados a aquella idea del Estado maltratador. La calle es de las personas que por ellas transitan, y si a esas personas se las perjudica, se las engaña, se las empobrece, se las maltrata, lo natural es que transiten airadas por ella, expresando en alta voz su repudio hacia unos gobernantes que parecen despreciar al pueblo al que deberían servir humilde, eficaz y honradamente. El Estado, en España, casi siempre ha sido maltratador de sus nacionales, pero que ahora, con la que está cayendo, con la ruina que le han buscado a la gente los políticos inútiles, en pleno siglo XXI, venga la policía a partirle la cara a las niñas y a los transeúntes, no sólo es inaceptable, sino imposible.

Considere seriamente Rajoy, pues, que nadie está dispuesto hoy a que, encima, le partan la cara, y menos a sus hijos.