El partido de Uralde se suma a la concentración convocada esta tarde en la Puerta del Sol para protestar por esta sentencia

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
El partido ecologista Equo ha manifestado este jueves su rechazo a la condena del Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón en relación con el caso de las escuchas a la trama Gürtel, por la que le inhabilita durante 11 años, la cual considera "un ajuste de cuentas", en palabras del portavoz de dicha formación, Juan López de Uralde, quien ha advertido de que sienta un "precedente peligroso" en la lucha contra la corrupción.

Para Uralde, la condena es "incomprensible e injusta" y da la impresión de que "la justicia está al revés". "Si a esta condena le unimos la absolución de (Francisco) Camps, nos encontramos con que el primer condenado por Gürtel es el juez que investigaba este caso de corrupción política y empresarial, lo cual parece una broma de mal gusto", ha dicho en relación al conocido como "caso de los trajes" por el que fue juzgado el expresidente de la Generalitat valenciana.

A este respecto, Uralde ha lamentado que "Gürtel significó un auténtico saqueo de fondos públicos, a pesar de lo cual aún no se ha investigado a fondo ni apurado responsabilidades". Asimismo, cree que "no se entiende" que Garzón haya sido condenado por unas escuchas que "fueron avaladas por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por las dos fiscales Anticorrupción adscritas a la causa y por el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJM".

Por todo ello, el portavoz de Equo cree que la condena es "muy negativa para la democracia" y vaticina que contribuirá "al distanciamiento que se está produciendo entre la ciudadanía y las Instituciones que en principio la representan y velan por sus derechos". La formación se suma además a la concentración convocada esta tarde en la Puerta del Sol para protestar por esta sentencia.

Con respecto a otra posible condena a Garzón relacionada con sus investigaciones de los crímenes del franquismo, Uralde ha adelantado que "sería especialmente grave y dolorosa para las víctimas y significaría un grave precedente en la defensa de los Derechos Humanos".