- El Tribunal le inhabilita por unanimidad 11 años por actuar "a la altura de regímenes totalitarios" al autorizar las escuchas de Gürtel

MADRID, 9 (OTR/PRESS)
Después de 30 años en la carrera judicial, 22 de ellos en la Audiencia Nacional, el juez Baltasar Garzón, ha sido condenado este jueves por el Tribunal Supremo y por unanimidad a 11 años de inhabilitación en el ejercicio de su cargo. Además, el magistrado tendrá que pagar una multa de 2.520 euros por un delito de prevaricación al colocarse "a la altura de regímenes totalitarios" cuando intervino las comunicaciones de los cabecillas de la trama "Gürtel" con sus abogados en prisión.

El fallo ha sido comunicado personalmente al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que se desplazó a la sede del Tribunal Supremo. Tras conocer la sentencia, un poco antes de las dos de esta tarde, Garzón ha abandonado con semblante serio el alto tribunal sin realizar declaraciones.

La resolución, que ha sido acordada por unanimidad de los siete magistrados que juzgaron la causa el pasado mes de enero, conlleva la pérdida definitiva de su cargo en la Audiencia Nacional "y de los honores que le son anejos", así como "la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo".

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, insiste a lo largo de sus 68 páginas en que la decisión de Garzón de autorizar las escuchas fue "injusta" porque "laminó" de forma arbitraria y sustancial el derecho de defensa de los imputados de "Gürtel" en prisión -Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez-, "sin razón alguna que pudiera resultar mínimamente aceptable".

El tribunal, presidido por el magistrado Joaquín Giménez, contaba, además de con el ponente Colmenero, con los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Manuel Berdugo, Manuel Marchena --instructor del caso de los cobros de Nueva York-- y Luciano Varela --instructor de la causa contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo--.

La sentencia del alto tribunal puntualiza que las únicas "restricciones admisibles" al derecho a la asistencia letrada de los internos en prisión preventiva son las fijadas en el artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria . Así, "la intervención de las comunicaciones (...) solo pueden acordarse en casos de terrorismo y previa orden de la autoridad competente".

Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentaron acusación y solicitaron la absolución del magistrado al defender que la intervención pretendía evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales y alegar que en casos ajenos al terrorismo como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque también se ordenó el "pinchazo" de las entrevistas entre presos y abogados.

Garzón está suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, cuando bajó por última vez las escaleras de la Audiencia Nacional con lágrimas en los ojos y entre el aplauso de los funcionarios de su juzgado, tras ser suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a raíz de la decisión del juez Luciano Varela de dictar la apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y que desembocó en otro proceso que ayer miércoles quedó visto para sentencia.

Otros procedimiento abierto en su contra es el relativo a unos cobros que habría podido recibir del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York. A pesar de ello, la condena por las escuchas de Gürtel será ejectuada con independencia de las decisiones que adopten los magistrados las otras dos causas abiertas.

UNA DILATADA TRAYECTORIA
Baltasar Garzón ingresó en la carrera judicial en 1981 y ejerció como magistrado instructor de la Audiencia Nacional durante casi 22 años, desde 1988 hasta el 14 de mayo de 2010.

El magistrado, segundo de una familia de cinco hermanos, nació en Torres (Jaén) el 26 de octubre de 1955 en el seno de una familia de agricultores. Tras licenciarse en Derecho en la Universidad de Sevilla en 1979, asumió su primer destino en el juzgado de la localidad onubense de Valverde del Camino.

Su desembarco en la Audiencia Nacional se produjo el 29 de enero de 1988, fecha desde la que asumió el Juzgado Central de Instrucción Número 5. En sus primeros años en el tribunal centró su labor en la lucha contra la banda terrorista ETA, siendo el primer magistrado que se desplazó a Francia para interrogar a etarras, y la persecución del narcotráfico gallego, lo que comenzó a darle notoriedad gracias a operaciones como la "Nécora".

En 1993, Garzón hizo un paréntesis en su carrera judicial y aceptó el encargo de Felipe González para entrar en política como número dos de las candidaturas del PSOE por Madrid. Tras las elecciones, que el líder socialista ganó tras centrar su discurso en la lucha contra la corrupción, Garzón fue nombrado secretario de Estado del Plan Nacional contra las Drogas. Decepcionado por su paso por la política, se reincorporó a la Audiencia Nacional en mayo de 1994, donde comenzó a investigar el terrorismo de Estado de los GAL por el que fueron condenados el ex ministro del Interior José Barrionuevo y su secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera.

En 1998 el magistrado saltó a la fama internacional cuando ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet cuando se encontraba realizando una visita médica a Londres. Esta actuación puso la primera piedra de la denominada Justicia Universal, que la Audiencia Nacional ejerce desde entonces para perseguir delitos de lesa humanidad como los cometidos en la base estadounidense de Guantánamo o países como China, Ruanda o Guatemala.

En 2006, Garzón investigó al aparato de extorsión de ETA y heredó la pieza que su sustituto, Fernando Grande-Marlaska, abrió sobre el chivatazo que se produjo en el bar "Faisán" de Irún (Guipúzcoa) durante una operación policial desarrollada en pleno alto el fuego de la organización.

A pesar de que durante su carrera el Supremo había rechazado decenas de querellas contra el juez, en 2009 decidió abrirle tres procedimientos por autorizar las escuchas de los abogados de Gürtel en prisión con sus abogados, declararse competente para investigar los crímenes del franquismo y cobrar de la Universidad de Nueva York por dirigir unos cursos patrocinados por el Banco Santander y otras grandes empresas con causas pendientes en su juzgado. Las dos primeras acabaron en juicio oral y la última está pendiente de su apertura.

LA PLAZA DEL JUEZ QUEDARÁ VACANTE
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esperará a que se le notifique formalmente la sentencia condenatoria contra Baltasar Garzón en la causa de "las escuchas de la Gürtel" para ejecutar el fallo, expulsar al juez de la Carrera y convocar su plaza del Juzgado Central de Instrucción número 5, que cubre actualmente Pablo Ruz de forma interina.

En el momento de recibir la sentencia, la Comisión Permanente podrá hacer efectiva la expulsión de la carrera judicial y convocar la plaza, a la que podrá concurrir cualquier juez del territorio nacional y que será adjudicada por razón de antigüedad.

Aunque esta condena supone la pérdida definitiva del cargo que ostenta, Garzón podrá ejercer la abogacía o continuar participando en foros internacionales. Durante este tiempo, ha colaborado con el Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya, con la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité contra la Tortura del Consejo de Europa.